La restricción de la movilidad de miles de familias en varios municipios del Chocó, es la terrible realidad de una región que no parece vivir en este siglo. El mismo defensor del Pueblo, Carlos Negret, señala que este fenómeno no se vivía en el país sino esporádicamente.
¿La razón? El fortalecimiento del Eln en la región, así como de las Autodefensas Gaitanistas y de otras bandas delincuenciales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. ¿Las consecuencias? Falta física de comida, dificultades para cazar y recolectar y vulneración de derechos.
De 4.605 familias afectadas por el confinamiento, 706 se ubican en el Bajo Calima, 2.092 en el Bajo San Juan; 518 en el Baudó, 317 en el Alto Atrato, 815 en el Bajo Atrato y 155 en la Costa Pacífica colombiana. A estas familias se suman 977 que se han tenido que desplazar forzadamente en lo que va del año. En total: 21.718 personas afectadas.
De hecho, el alcalde del Litoral de San Juan, Willinton Ibargüen, anunció el que decretó la urgencia manifiesta porque “estamos en un 60 % en confinamiento”.
Ya la Corte Constitucional había lanzado una alerta a comienzos de año, al advertir un cuadro generalizado de restricción a la movilidad de los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan y Bajo Calima.
