Con el inicio de operaciones por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, se activó el protocolo para que los menores de edad que están en las Farc puedan volver al seno de sus familias.
Aunque ni el Gobierno Nacional ni la guerrilla han precisado de cuántos niños se trata, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a cargo de Paula Gaviria, tiene un listado para recibirlos.
Públicamente las Farc han dicho que son cerca de 30 menores, pero el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo que serían más de 100.
El CICR confirmó que durante los próximos días se realizarán “varias operaciones en distintos puntos del país, y en ellas participarán varias organizaciones sociales designadas a fin de preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior”.
Los jóvenes que salgan de las zonas veredales serán llevados a sitios transitorios cercanos a los campamentos, ahí recibirán atención médica y serán recibidos por Unicef, que los trasladará a tres centros de acogida en el país que operará con la Organización Internacional para las Migraciones.
Estos sitios están ubicados en Tibú (Norte de Santander), Remedios y Dabeiba (Antioquia) y más adelante habrá otro en Caldono (Cauca).
“De ser necesario, el CICR también ofrecerá ayuda a los menores de edad para restablecer el contacto con sus familiares. Tras estas operaciones, los menores de edad podrán seguir adelante con el proceso de reincorporación”, aseguró el CICR en un comunicado.
Por su parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos estará a cargo de la implementación de “Camino diferencial de vida: Programa integral para la atención y consolidación de los proyectos de vida de los menores de edad que salen de las Farc”.
La oficina de Gaviria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación estarán como garantes del proceso de desvinculación de los adolescentes de las filas guerrilleras, según contó Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia.
Todas las organizaciones inmiscuidas en el proceso pidieron discreción para que la seguridad, la integridad y el buen nombre de los menores sea protegido.
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