El dolor de cabeza llamado disidencias de las Farc en Antioquia sigue creciendo. Las autoridades, lideradas por el gobernador del departamento, Luis Pérez Gutiérrez, confirman que no solo cuentan con más integrantes, si no que ya tienen las mismas prácticas ilegales que ejercían cuando hacían parte de la antigua guerrilla: extorsión, instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, desplazamientos, homicidios, entre otros.
EL COLOMBIANO confirmó con la Fuerza Pública que estas disidencias del frente 36, encabezadas por Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, que tenía cerca de 30 miembros cuando empezaron a delinquir hace menos de un año, ahora tienen al menos 285 integrantes divididos en cinco comisiones, un número superior al de cualquier frente de las antiguas Farc que operaba en Antioquia (5, 18, 36, 57 y 34) antes del proceso de paz con el Gobierno.
“Esta gente está instalando nuevamente minas antipersonal a diestra y siniestra. Tenemos información que cada disidente lleva un fusil y una mina. Solo en la vereda El Torrente, de Ituango, este año tenemos siete civiles y dos militares afectados por este tipo de explosivos. Estas disidencias están en un proceso acelerado de crecimiento, de armarse, de delinquir y crecer usando la violencia”, aseveró el gobernador.
El aumento en el personal, según algunos investigadores judiciales, se debe a varios factores: reclutamiento forzado incluso de niños, una posible alianza con el grupo criminal los Caparrapos desde el Bajo Cauca, y también con la organización delincuencial integrada al narcotráfico, Pachelly, que estaría encargada de las extorsiones en la zona urbana del municipio de Ituango.
“La gente de Cabuyo ha tenido contactos con los Caparrapos para recibir un refuerzo de personal, esto con la idea de combatir al Clan del Golfo. Nos dimos cuenta que ya había llegado gente de Bajo Cauca a Briceño porque hace poco, en un operativo del Ejército, fue capturado un integrante de las disidencias quien estaba reseñado como integrante de los Caparrapos en Puerto Valdivia”, dijo uno de los investigadores.
Mientras que con la banda Pachelly, muy reconocida por su accionar delincuencial en el norte del Área Metropolitana y otros municipios del oriente y norte de Antioquia, las autoridades tienen pistas certeras que los vinculan con las disidencias en un caso de secuestro de un empresario en el municipio de Ituango, liberado a principios de 2018 por los delincuentes luego de un pago de aproximadamente 300 millones de pesos.
Además, según varios desmovilizados, (en los últimos meses han sido por lo menos cuatro), “Cabuyo”, ya también tiene en sus filas a exguerrilleros de los extintos frentes 18, desmovilizado en Ituango, y del 5, cuyos excombatientes dejaron sus armas en Dabeiba.
Extorsiones
Aunque desde la Gobernación afirman que el narcotráfico es el principal sustento de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia, no descartan que la extorsión a campesinos, comerciantes y aparentemente a empresas que prestan sus servicios al proyecto Hidroituango, ayuda en gran parte al sostenimiento de esa estructura armada ilegal.
“Supimos que están exigiendo un porcentaje a los labriegos que reciben dinero mensual del Gobierno por la sustitución de cultivos de uso ilícito”, afirmó Luis Pérez.
Hace una semana, en la vereda La Quiebra del municipio de Briceño, el Ejército evitó el pago de una extorsión de 500 millones de pesos que al parecer realizaría un contratista de una empresa de energía a las disidencias del frente 36.
“En desarrollo de la operación militar muere alias Hernán, designado por Cabuyo para cobrar extorsiones a la población civil del área general de Briceño y a los comerciantes y contratistas de empresas en esa zona del norte de Antioquia. Así mismo, resultó herido uno de sus escoltas”, aseguró la Cuarta Brigada en un comunicado.
Unos días después, entre los municipios de Briceño e Ituango, la gente de “Cabuyo” dio a conocer un panfleto en el que amenazan al personal de diferentes empresas contratistas que laboran en la región por el no pago de supuestas extorsiones.
Este diario se comunicó con EPM e Intercolombia, que serían algunas de las empresas afectadas por las acciones ilegales de las disidencias y aunque no desmintieron la información, sus equipos de prensa afirmaron que todo se está canalizando por medio del Ejército y la Gobernación de Antioquia.
“No tenemos información de que estas empresas estén pagando extorsiones (...), la relación ahora de la Gobernación y estas entidades es de cuidado total, ya se activaron protocolos sobre el tema”, explicó Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno departamental.
A esta situación se le suma la quema de un helicóptero que prestaba sus servicios a Hidroituango en el Valle de Toledo, municipio de Toledo, el pasado 23 de junio, y tres días después se registró la incineración de maquinaria amarilla en el municipio de San Andrés de Cuerquia, también en el norte de Antioquia.
Aunque las autoridades afirmaron que en el caso de la aeronave afectada se trató de un descuido de seguridad por parte de la empresa que la operaba, en ambos casos no se descarta una relación con la exigencia de extorsiones.
A los anteriores hechos se suma la versión de investigadores que afirman que un mandatario local de un municipio del Norte de Antioquia pagó una extorsión de 20 millones de pesos a “Cabuyo” y su grupo armado ilegal.
Ante este panorama, las disidencias del frente 36 de las Farc, se convierten, según los cálculos de las mismas autoridades, en el segundo grupo armado ilegal rural más grande en Antioquia, sobrepasando al Eln, pero todavía detrás del Clan del Golfo.
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muertes violentas se han registrado en Ituango en lo que va corrido del 2018.
