Docencia, una profesión amenazada en Colombia

  • Aunque las amenazas se concentran en Nariño y Cauca, la situación académica en Catatumbo se ve amenazada por combates entre Epl y Eln. FOTO cortesía del CNR
    Aunque las amenazas se concentran en Nariño y Cauca, la situación académica en Catatumbo se ve amenazada por combates entre Epl y Eln. FOTO cortesía del CNR
Por richard aguirre Fernández | Publicado el 25 de julio de 2018
Infografía
Docencia, una profesión amenazada en Colombia
350

docentes fueron asesinados por su labor sindical en Antioquia entre 1980 y 2018.

50

profesores desaparecidos entre 1980 y 2018 tiene en su base de datos Fecode.

en definitiva

Los docentes se convierten en líderes de sus comunidades, por lo que quedan expuestos al actuar de los grupos armados ilegales que, con amenazas, los presionan para callarlos.

Un nuevo reclamo sale a la vista de los docentes de Colombia y, aunque no dejan a un lado lo que consideran incumplimientos del Ministerio de Educación, apelan a un paro para visibilizar un fenómeno que viene en aumento en el país: las amenazas a las que están expuestos.

Según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en lo corrido del año se han registrado 150 amenazas y son tres los asesinatos que reportan. Es preocupante teniendo en cuenta que en 2016 y 2017 la cifra de amenazados llegó a 250 cada año.

“Vamos a paro nacional del Magisterio de 24 horas, contra los asesinatos y la violencia contra los docentes de Colombia” fue el mensaje de Carlos Rivas, presidente de Fecode, al convocar el cese de actividades para este miércoles de los cerca de 270 mil profesores que están asociados a la organización para que rechacen cualquier “asomo de intimidación” contra su profesión, la labor que realizan y el liderazgo que toman en sus comunidades, “sobre todo, las más apartadas”.

Situación reciente

El caso que dejó en evidencia lo que sufren los maestros se dio en San Pablo, un pequeño pueblo del sur de Bolívar, que sobrevive a la orilla del río Magdalena, y en el que en 2001 era rutina ver flotar cuerpos de vecinos asesinados.

Con 27 mil habitantes fue testigo de las atrocidades de los paramilitares, y aunque se pensó que la violencia acabaría con el desarme de las Auc, entre 2003 y 2006, aún permanece viva con acciones criminales de grupos delincuenciales, como las bacrim.

El pueblo hace tres semanas volvió a ser protagonista de las primeras páginas de diarios y noticieros, así como pasó el 8 de enero de 1999, cuando miembros del Bloque Central Bolívar de las autodefensas asesinaron a 14 personas que se encontraban en bares y discotecas; o como el 15 de agosto de 2011, cuando 10 hombres armados asesinaron a bala a cuatro habitantes de la región, víctimas del Eln.

Esta vez, circuló la grabación de una llamada en la que, con voz desafiante, el jefe de una banda criminal, Carlos Mario, le dice a la profesora Magda Deyanira Ballesta Chivatá que se debe ir del pueblo si “no se quiere morir”. “Coja sus cositas y se me va de la región que yo aquí no vengo a que me diga cómo tengo que hacer las cosas”, sentenció el delincuente ante el reclamo de Ballesta Chivatá.

Ese audio, que circuló por las redes sociales y medios de comunicación, retumbó hace tres semanas y retrató lo que vivió la docente, aunque el eco de la amenaza solo se escuchó por un par de días y poco se volvió a hablar de lo sucedido.

Según reportó la Secretaría de Educación municipal, ella salió de la zona para proteger su vida. “Solo tenía esa opción”, dicen en Fecode.

Enseñar con miedo

Estos hechos no son nuevos. Hasta la extinta guerrilla de las Farc en pleno conflicto armado veía a los profesores como amenazas para sus ideales. Por ejemplo, en octubre de 2011, el comando urbano Óscar Darío Sánchez Córdoba, del bloque Iván Ríos, envió un “comunicado” en el que declaró “objetivo militar” a seis rectores de instituciones educativas de Antioquia, señalando que castigaría “a los traidores que saboteen las diferentes asambleas estudiantiles”.

Además, Fecode asegura que “actores de violencia están asesinando docentes e intimidando a la comunidad educativa y urgen garantías de seguridad a maestros y campañas sociales para promover las escuelas como territorios de paz”.

Retomando el caso de la docente de San Pablo, el personero municipal, Carlos Nuevo Torres, asegura que la certeza de esas amenazas la determinan las autoridades y “lo que hacemos es tomar la declaración como Personería y activar la ruta”.

El exmiembro del Eln y analista del conflicto en Colombia, Carlos Velandia, sostiene que los profesores ejercen deberes de liderazgo, tanto en los colegios como en sus territorios. “Un buen número de los amenazados está en zonas donde fue fuerte el conflicto o en disputa. Se convierten en una amenaza”.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, consultado por EL COLOMBIANO, asegura que los casos son llevados por entidades territoriales, encargadas de darles trámite a las denuncias y solicitar evaluaciones de las condiciones de seguridad de los profesores.

Asimismo, sostiene, que contactan a las secretarías de Educación para agilizar traslados de los afectados y proteger sus vidas e integridad, mientras que la Unidad Nacional de Protección realiza los estudios de riesgo de las amenazas y define cómo los protegerá.

Panorama real

De acuerdo con los expertos, las labores de liderazgo social que toman en las comunidades donde trabajan es una de las razones por las que son amenazados.

“Muchas veces no vivimos en los sitios en los que damos las clases, pero nos damos cuenta de lo que sucede en esas regiones apartadas y, naturalmente, lo contamos en las familias o en las secretarías de Educación, entonces, al ver que las cosas pasan, los actores ilegales toman represalias contra nosotros y nos amenazan para que no volvamos a los lugares en los que enseñamos. Puro temor”, dice una profesora que labora en un municipio de la costa pacífica nariñense, quien por seguridad pidió no revelar su nombre ni donde enseña.

Una idea similar tiene la ONG internacional Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), al mencionar que estas zonas son las que más aprovechan los grupos armados, porque allí los educadores se convierten en líderes o representantes de sus comunidades y pueden denunciar o dar a conocer la presencia de grupos ilegales o intimidaciones a las que se exponen los habitantes.

Por ejemplo, CNR revela que esto es lo que ha sucedido en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde reporta que tan solo en el primer semestre de este año, 80 escuelas suspendieron sus clases por la intensidad del conflicto armado que allí se vive entre el Epl y el Eln, y la intervención del Ejército.

Mal mensaje

Rafael Cuello, secretario general de Fecode, hace un balance de lo que han sido los últimos 38 años para la docencia en el país. Las cifras son crudas y retratan lo que ha sufrido este sector de la sociedad, sobre todo en las zonas del país donde el conflicto fue más fuerte.

Por ejemplo, cita Cuello, entre 1980 y lo que va de 2018, fueron asesinados 1.087 profesores por razones de su oficio, mientras que la cifra de amenazados llegó a 10 mil en ese lapso (ver infografía).

“Los docentes, ante la compleja tarea de educar, asumen de una manera activa su rol como sindicalizados, no buscan únicamente las reivindicaciones y tareas propias de su escenario laboral, sino que vinculan dentro de su acción sindical la defensa de la democracia plena y de la educación pública. De tal forma que, la dimensión de lo educativo está cruzada y es transversal a los asuntos políticos, sociales, económicos y culturales de su entorno”, dice Fecode, al explicar las razones que los ponen como “carne de cañón” ante grupos criminales que los perciben como multiplicadores de los fenómenos delictivos que se viven en las regiones.

Por su parte, Christian Visnes, director nacional del CNR en Colombia, sostiene que la educación es pilar fundamental de la sociedad y debe seguir siendo un mecanismo de protección de los jóvenes del país, pues, para él, “solo una adecuada inversión económica en la educación y una efectiva protección podrán promover una generación en paz en este territorio, disminuir el conflicto armado y contribuir a la estabilidad y el progreso económico”.

¿Y la paz?
“A pesar de toda la situación que se viene dando por el Acuerdo de Paz, los maestros seguimos inmersos en medio de la violencia”, resalta Cuello, versión respaldada por la docente de Nariño. Ambos cuestionan que en vez de fortalecerse la presencia del Gobierno, los disidencias, el Eln o las bacrim, en su afán por tomar control de los territorios, amenazan a diestra y siniestra.

“Sacar a un profesor de su lugar de trabajo es condenar a los jóvenes a que estén sin clases, lo que los aleja de su formación para el futuro, porque si no están en las aulas, no hay posibilidad de llegar a uno mejor”, dice el representante de la ONG.

Por su parte, Fecode, en un documento enviado a EL COLOMBIANO, explica que “a pesar del desescalonamiento del conflicto, el hecho victimizante de la amenaza y desplazamiento se siguen contando”. La organización muestra otros datos que también reflejan el temor y el peligro al que están expuestos, pues en los últimos 38 años, 70 profesores debieron exiliarse y hay 50 desparecidos.

¿Y la protección?

Para garantizar la vida e integridad de los docentes, Velandia, Cuello y Visnes, sostienen que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría son las llamadas a generar espacios que permitan hacer seguimiento a estos casos. “Velar por la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos es una responsabilidad que el gobierno no debe ignorar y a la que se le debe poner el pecho cada que suceda una amenaza o intimidación”, resalta Velandia.

En relación con estos casos, Diego Mora, director de la UNP, asegura que el programa de protección se activa si las amenazas se relacionan con la actividad de la persona intimidada y destaca, que si “hay evidencia de que es un caso de inminencia”, las medidas de protección se aplican de inmediato, “mientras se hace el estudio de riesgo para valorar amenazas que se presentan”. Además, explicó, el sistema funciona de la misma manera para cualquier ciudadano.

Ante esto, lo clave es denunciar y activar las rutas de protección, ya sea desde las personerías o desde las secretarías de Educación municipales, que son las llamadas a activar los planes o mecanismos de protección de los profesores amenazados o en riesgo .

Contexto de la Noticia

Paréntesis Amenazas de padres, otro mal

El analista Carlos Velandia, exmiembro del Eln, sostiene que también ocurren amenazas de padres de familia o estudiantes, cuando hay un mal desempeño académico. Es un fenómeno que no debe ser ignorado por la sociedad y, naturalmente, por las autoridades. “Estamos en un país donde una amenaza no se le niega nadie, así que no podemos bajarle el peso a lo que esto representa para los educadores”, sostiene Velandia, quien además que este tipo de prácticas están a “flor de labios” y “no se necesita ser de una organización criminal para amenazar, hoy, desafortunadamente, es una práctica extendida”, concluye Velandia.

Richard Aguirre Fernández

Periodista nacido en Calarcá. Camino entre Antioquia, Caldas y Quindío.

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