Por conducir en estado de embriaguez, en los últimos tres años han sido sancionados 95.603 conductores en todo el país. Sin embargo en el 43 % de los casos, es decir, a 41.109, los organismos de tránsito no los suspendieron ni les cancelaron sus respectivas licencias de conducción, es decir, estos ciudadanos que han manejado ebrios, siguen al volante. Expertos señalaron que esta medida es positiva y esperan que disminuyan los accidentes.
Así lo dio a conocer ayer Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, quien indicó que del total de estos comparendos, 91 % corresponde a vehículos particulares; 5 % a automotores de servicio público y 4 % a otra clase de servicio.
Destacó que tan solo el 52 % de las licencias fueron suspendidas —49.671— y apenas 3,9 % de los documentos fueron cancelados —3.718— por las secretarías de tránsito por violar la ley 1696 de 2013, que penaliza, mínimo, con la suspensión inmediata por un año o hasta con la cancelación de la licencia de conducción al ciudadano que cometa la infracción de manejar un vehículo bajo los efectos del licor.
“Será muy difícil erradicar esta conducta si no se cumple con la suspensión o cancelación de las licencias, pues las secretarías de tránsito están siendo permisivas con estos conductores que siguen tras el volante atentando contra la seguridad vial”, aseguró Jaramillo, quien advirtió que, además de ordenar la suspensión o cancelación inmediata de las 41.109 licencias, también investigará a todas las secretarías de tránsito que no están aplicando esta norma, en cuyo caso se exponen a multas hasta por 137 millones de pesos por cada licencia que dejaron de suspender o cancelar.
Según la Superintendencia, con información del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el valor de los 95.603 comparendos por embriaguez impuestos en todo el país desde 2013 ascienden a 832.323 millones de pesos.
Reveló que hasta el 30 de septiembre de 2016, apenas se habían pagado 498 comparendos, por un 1.494 millones de pesos; 6.030 se encontraban en trámite administrativo (67.546 millones) y 78.050 estaban sancionados (675.382 millones), de los cuales 2.045 fueron pagados, mientras que la cartera por cobrar llegaba a los 618.169 millones de pesos.
“No solo es importante imponer sanciones, sino también hacerlas efectivas. Este análisis nos permitió detectar que, debido a la falta de gestión administrativa oportuna por parte de la mayoría de organismos de tránsito del país, hasta septiembre pasado se pudieron haber caducado 11.025 comparendos, los cuales corresponden al 11,5 % del total nacional y tendrían un valor aproximado de 87.953 millones de pesos”, reveló.