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Los gobernadores de Colombia encendieron las alarmas el viernes pasado, pues en un acto formal, le dijeron al Gobierno Nacional que “le entregaban” el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por falta de plata.
El campanazo es un llamado de atención para que se encuentra una fórmula que permita, primero, estructurar una política de Estado que garantice los recursos y, segundo, diseñar estrategias para acabar con la corrupción rampante que se ha tomado este programa y que finalmente afecta a los estudiantes del país.
“Este programa fue el foco de corrupción el año pasado”, ha dicho en varias ocasiones el procurador general, Fernando Carrillo, para visibilizar lo que pasa con los alimentos de los estudiantes.
Seguirá como, hasta ahora, está pactado. Sin embargo, la pregunta queda porque, con el reclamo de los gobernadores, la principal preocupación se concentra en lo que sufrirían los estudiantes, pues son los principales afectados. Según datos del Ministerio de Educación, a diario entregan 5,6 millones de raciones.
Alfredo Sarmiento, experto en calidad educativa y docente de la Universidad de Los Andes, sostiene que la forma de la financiación debe cambiar –son aportes del Ministerio, gobernaciones y alcaldías y del Sistema General de Participaciones–, para tener un control estricto de los recursos, y que los alimentos que se brinden sea de calidad.
“Lo mejor es que lo manejen los departamentos porque es más fácil conseguir la comida ‘caliente’ y cercana, de acuerdo con los gustos de cada región”, dice el analista, teniendo en cuenta que las necesidades nutricionales son diferentes en Nariño y San Andrés, por ejemplo.
Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo verano de La Rosa, critica al Gobierno, pues indica que les trasladaron las competencias, “pero no los recursos que se necesitan. Por eso, le solicitamos al Gobierno que nos sentemos a dialogar para buscar soluciones concretas”, dice Verano, tras acatar las recomendaciones de la Procuraduría y de la Contraloría, en el sentido de que el mejor camino para solucionar los líos con la alimentación estudiantil es la creación de una política de Estado.
La tarea, que no será sencilla, es encontrar un punto de equilibrio que les permita mantenerlo vivo, sin afectar a los estudiantes y, en reuniones como la del próximo viernes en Bogotá, definir cómo funcionaría un nuevo PAE.
En este caso, el analista Sarmiento asegura que una figura que podría funcionar, es que sea contratado con el ICBF en las regiones, que tiene la experiencia y ya lo hizo en el pasado “sin tanto escándalo como ahora”.
Además, dice que lo mejor es que las gobernaciones y alcaldías sean las que asuman totalmente el programa, porque tendrán cómo vigilar los recursos de primera mano y estarán en la obligación de promover las veedurías ciudadanas, encabezadas por los mismos padres de familia, que tendrían el rol de ser garantes de los recursos.
La ministra de Educación, Yaneth Giha, señala que ya giraron el billón del PAE que les corresponde para 2018, y que 26 de los 32 departamentos ya iniciaron la contratación.
Tras el reclamo de los mandatarios departamentales, Giha manifiesta que se deben enfocar en encontrar alternativas que permitan mejorar la planeación, contratación y operación del PAE, “y que las reformas necesarias se den como deben darse, garantizando el servicio de alimentación de los estudiantes”.
Indica que el trabajo conjunto debe permitirles encontrar cómo blindar los recursos, abordar las complejidades del programa y su financiación.
Ayer, durante la cumbre de ciudades capitales, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, manifestó que respaldan el reclamo de los gobernadores “si no se toman las medidas necesarias”.
Estos cambios se discutirán desde este viernes, a través de las mesas técnicas creadas tras la reunión de la Federación de Departamentos.