Pechugas de pollo a 40 mil pesos, panes o refrigerios descompuestos, raciones de alimentos sin entregar y los bolsillos de los corruptos llenos: el panorama que se ve cuando se habla del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
Más allá de las virtudes que debería ofrecer, ha sido presa fácil de las jugadas de algunos contratistas para aumentar su botín, esto ante los ojos del gobierno que, casi ocho años después de conocer la situación, ha decidido empezar a controlar este fenómeno que afecta a los estudiantes, pues se entregan 5,5 millones de raciones diarias.
Buscando una solución y alineando estrategias que permitan una reestructuración del programa, ayer la ministra de educación, Yaneth Giha; el procurador general, Fernando Carrillo; el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, entre otros representantes del gobierno, se reunieron para definir una nueva hoja de ruta que permita que los recursos destinados para este fin se inviertan cómo debe ser y dejen de satisfacer el apetito de quienes se los apropian ilegalmente.
Las denuncias no son nuevas y han quedado en evidencia en diferentes informes de la Procuraduría y la Contraloría, es por eso que las soluciones o el interés de controlar este fenómeno parece que llegan tarde. Incluso, según reporta la Procuraduría, están en curso 152 procesos disciplinarios por presuntos hechos de corrupción, en la que incluso se incluyen funcionarios de secretarías de Educación.
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