La protesta del movimiento estudiantil de Colombia no es un asunto fácil de lidiar, no lo es para el gobierno del presidente Iván Duque, y no lo fue para ninguno de sus antecesores. Durante las cuatro marchas que ha realizado en las recientes cinco semanas, su mensaje ha sido claro: más plata y dignidad en la educación pública superior.
Lo que ha sucedido estos días es similar a las imágenes del movimiento estudiantil de 2011, cuando la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) fue la responsable de que se cayera la reforma a la Ley 30, impulsada por el expresidente Juan Manuel Santos, pues era considerada como el primer paso hacia la “privatización” de las universidades, según argumentaban los estudiantes.
Sin embargo, aunque hubo al menos seis años en los que el movimiento no tuvo la misma trascendencia, esa llama se encendió con el nuevo gobierno, reforzada por los reclamos de los rectores de las universidades públicas, quienes respaldaron las quejas por la desfinanciación y el mal estado de las sedes.
No obstante, el fenómeno no es nuevo. El libro “La generación del movimiento estudiantil en Colombia”, publicado este año, hace referencia a la fortaleza del movimiento estudiantil desde 1910 y hasta 1924, cuando “tuvieron lugar el primer y segundo Congreso estudiantil colombiano”, como elementos de control civil y de contrapoder.
Otro capítulo que muestra la publicación es el de 1971, cuando los estudiantes de la Universidad del Valle exigían la renuncia del rector y cuestionaban las condiciones de los créditos otorgados por entidades internacionales a las universidades del país. Este es, si se quiere, el capítulo más trágico del movimiento, pues pese a que lograron su cometido, el 25 de febrero de ese año murieron ocho estudiantes y otros 47 resultaron heridos durante las movilizaciones y choques contra las fuerzas del Estado.
Contrapoder necesario
Tras esta introducción, la pregunta que resulta en la actualidad es si los estudiantes se pueden convertir en el palo en la rueda o se perfilan como un contrapoder al gobierno del presidente Iván Duque.
Para académicos consultados, como la docente e investigadora Omaira Tapiero, de la Universidad Distrital de Bogotá, la organización y capacidad de convocatoria de este sector de la sociedad es su fuerte, lo cual les facilita presionar a los gobiernos en las calles, “cuando sienten que no son escuchados en los espacios de concertación se crecen”, como sucedió el pasado martes, cuando los representantes de los estudiantes se levantaron de la mesa con el Gobierno, en la que discutían sus posiciones con el viceministro de Educación, Luis Pérez.
“El contexto social y político debe darle un lugar legítimo a los movimientos de reivindicación, como sucede con el estudiantil, porque estos procesos fortalecen la democracia necesaria para el desarrollo político en el que vivimos. Si no existen, quedamos expuestos al autoritarismo”.
Les falta
Sin embargo, otra mirada tiene el analista político Miguel Silva, quien sostiene que al movimiento le ha faltado buscar apoyos en el resto de la sociedad y, por ahora, sus acciones son “limitadas y lamentablemente cometen errores, porque muchos de los participantes aprovechan para protestar contra el Gobierno en general, lo que le resta fuerza a un asunto que debería convocar a toda la sociedad, como es el del futuro del modelo educativo del país”.
Con esto coincide Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, al reconocer que el Gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios para satisfacer las necesidades planteadas, además de destacar que les falta ser más organizados a la hora de hacer sus movilizaciones.
Lo que viene
Hay que tener en cuenta que sin acuerdos entre las partes, más allá de lo logrado por los estudiantes en este mes, como son los $500.000 millones que consiguieron durante la modificación del presupuesto, el billón de pesos de recursos que provendrán de regalías y “el compromiso del Gobierno para que en el periodo 2019-2022 existan partidas de funcionamiento que incrementarán la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales en 15 puntos porcentuales por encima del IPC, junto con nuevos recursos de inversión por 1,2 billones de pesos en el cuatrienio”, señaló el Ministerio de Educación.
Al respecto, los estudiantes reclamaron que el viceministro Pérez “aseveró que el Gobierno de Duque no está dispuesto a adicionar presupuesto para 2018, 2019, 2020 y 2021 y tampoco ir más allá del acuerdo logrado con las rectorías”, que no fue concertado con los estudiantes.
Agregan, además, que como negociadores demostraron que el acuerdo logrado con rectores era insuficiente para la actual crisis, pues representa una “adición limitada para la base presupuestal”.
Mientras el pulso avanza y el Gobierno se mantiene en que no hay más opciones para cambiar el panorama financiero, los estudiantes, como lo harán hoy, se mantendrán en las calles, rodeándose de diferentes sectores sociales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), buscando alcanzar sus reclamos, los cuales son considerados como “justos y necesarios” y, también, para rechazar la reforma tributaria.
650
mil estudiantes están
activos en las universidades públicas de Colombia.
32
universidades hacen parte del Sistema Universitario Estatal del país.
