El déficit de recursos de la educación pública superior en Colombia llega a los $16 billones de pesos, según el Sistema Universitario Estatal (SUE). Con estos recursos, para ejemplificar, se podrían construir 16 proyectos como el Túnel de La Línea.
Ahora, y como cada año por estas épocas, cuando se discute la ley del Presupuesto, los rectores, estudiantes y profesores de universidades públicas le recuerdan al Gobierno que es una necesidad que sigue existiendo y que los recursos están prácticamente congelados desde 1993.
A través de un documento, los rectores le indicaron a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la necesidad de destinar los recursos que se invertían el programa Ser Pilo Paga para robustecer las finanzas de las universidades.
De acuerdo con la rectora de la U. Nacional, Dolly Montoya, también esperan que en el Plan de Desarrollo se asegure el sostenimiento financiero de las universidades públicas, que son las únicas que tienen presencia en todas las regiones y atienden al 85 % de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Nacional, califica como acertada la decisión de acabar con el programa de pilos, pero explica que lo que plantean es que con la plata que se invertía ahí, “progresivamente se aumente la base presupuestal de las públicas”. También destaca que esto solo se podrá hacer hasta que les “cumplan a los pilos”.
Sin avances
El martes pasado estudiantes y profesores salieron a las calles de las principales ciudades. En el caso de Medellín, los participantes insistieron en el llamado a reconocer la desfinanciación que tiene en crisis a las universidades estatales.
Frente a esta realidad, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, manifestó que la institución tiene “enormes problemas financieros”, por lo que se está trabajando internamente para reducir gastos. “Tenemos un déficit calculado, desde 2018, de $68.700 millones. El déficit acumulado está cercano a los $113 mil millones. Ajustamos el gasto, vamos a fijar un marco fiscal que nos permita tratar de no gastar más de lo que recibimos”, explicó el rector.
Política de Estado
Finalmente, la rectora de la Nacional planteó la necesidad de crear una política de Estado que le apunte no solo a la financiación, sino que se considere una modificación a la Ley 30, para que, de esta manera, los recursos destinados no solo se incrementen con el aumento del costo de vida. “Debe hacerse un esfuerzo que nos permita tener los gastos de funcionamiento cubiertos”, manifestó la rectora.
Este planteamiento también lo respalda Cecilia Dimaté, coordinadora de la Maestría en Educación de la Universidad Externado, al destacar que el reclamo de los rectores es justificado y que el gobierno debe enfocarse en lo que señaló la rectora Montoya.
Además, expresa que ningún gobierno ha formulado una política pública “fuerte y decidida”, aunque destaca que aún es prematuro calificar las apuestas del actual gobierno en ese sentido, pues no ha mostrado sus cartas definitivas en esta materia.
Sobre los cuestionamientos, la ministra aún no se ha pronunciado; no obstante, durante su encuentro con los rectores de universidades acreditadas a principios de esta semana, manifestó que “es importante que estén activos en los foros y talleres que se realizan en diferentes regiones” para construir el Plan de Desarrollo, el cual se trazará en siete líneas: Bienestar y equidad, desarrollo integral de calidad para la primera infancia, todos por una educación de calidad, más y mejor educación para la ruralidad, agenda de impulso a la educación superior, entornos escolares para la vida y haciendo equipo por una mejor gestión educativa.
$3,7
billones es el total de recursos invertidos en el programa Ser Pilo Paga.
