viernes
7 y 9
7 y 9
El procurador aceptó la decisión del Consejo de Estado de sacarlo
Alejandro Ordóñez acusó al Gobierno del presidente Santos y a las Farc de presionar su salida.
-
El procurador Alejandro Ordóñez presentó el martes una demanda ante el Consejo de Estado contra la directiva presidencial del Plebiscito. FOTO Julio César Herrera
08 de septiembre de 2016
bookmark
“Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador. Por mi talante, no interpondré recurso alguno contra la Sentencia, no presentaré tutelas, ni acudiré a organismos internacionales. Simplemente, la acepto con resignación cristiana. Múltiples veces el Gobierno y las Farc presionaron públicamente mi salida. Estaban ansiosos de liberarse del procurador”.
Con estas palabras, y en medio de aplausos de sus funcionarios en la sede la Procuraduría, Alejandro Ordóñez se refirió al sentido del fallo del Consejo de Estado (CE), que con 14 votos a favor y 6 en contra decidió declarar nulo el proceso mediante el cual el Senado lo reeligió en noviembre de 2012.
Ordóñez dijo, además, que comprendía el odio de alias “Timochenko”, y el resentimiento del presidente Juan Manuel Santos, “porque un procurador de bolsillo le hubiera dicho sí a todo, con la excusa de la paz”.
“Pero la paz no lo justifica todo. No justifica premiar a los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad. No justifica un golpe de Estado a la Constitución y que un presidente haga lo que se le dé la gana (...) Sacan al procurador para dejar sin control al Gobierno en medio de la campaña del plebiscito”.
Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, calificó anoche de absurdas las declaraciones: “nosotros estábamos lo suficientemente ocupados discutiendo y peleando con las Farc para lograr un Acuerdo como al que llegamos”.
Razones del Consejo
El vicepresidente del CE, Jorge Octavio Ramírez, dijo que en el proceso electoral del procurador se desconoció el artículo 126 de la Constitución, que consagra la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores postulantes o familiares cercanos en cargos que le corresponde proveer.
“Efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que lo postuló para su reelección. En vista de esas designaciones la CSJ no podría postular al doctor Ordóñez Maldonado dada la prohibición del artículo 126 de la Constitución y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos públicos”, afirmó Ramírez.
El consejero agregó que la decisión se tomó después de negar las recusaciones formuladas en contra de los consejeros Rocío Araujo, ponente de la decisión, Estella Conto y Alberto Yepes, y de negar la solicitud de reintegración de la magistrada María Elizabeth García, quien se había declarado impedida para participar en la decisión.
¿Una decisión política?
César Rodríguez, director de Dejusticia, la entidad que en febrero de 2013 demandó ante el CE la reelección de Ordóñez, le dijo a EL COLOMBIANO que la decisión del tribunal no tiene relación con la campaña del Plebiscito, sino que es un fallo que estaba demorado porque se había dilatado por una serie de estrategias procesales por parte del procurador.
“En la demanda alegamos que la Constitución prohíbe que se hagan intercambios de favores en los momentos de las elecciones de altos funcionarios. En este caso se trató de un ‘yo te nombro a tus familiares y tú me eliges’. Porque varios magistrados de la CSJ que participaron en la nominación del procurador, tenían familiares en la Procuraduría y varios congresistas que votaron por él, también tenían familiares en esa entidad”.
Para Wilson Martínez, docente de Derecho Penal de la Universidad del Rosario y exvicefiscal general, estas decisiones siempre son políticas, aunque tengan un revestimiento jurídico.
“El CE tenía argumentos para anular la elección o para validarla, luego lo que inclina la balanza es un cálculo político. El Gobierno es uno de los mayores beneficiados porque se quita de encima un gran opositor. Sin embargo, no creo que esto vaya a inclinar la balanza del Plebiscito hacia el Sí. El procurador tenía mucho poder, pero los resultados del Plebiscito dependen de unas maquinarias muy grandes”.
John Fredy Bedoya, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dijo que, a pesar de lo acertada de la decisión, el momento específico en que se toma puede no ser el mejor ante los ojos de la opinión pública, pues puede poner a Ordóñez en la posición del perseguido político debido a su profunda oposición a la negociación y al Plebiscito.
“Más que un juicio político es una decisión jurídica que debió tomarse hace mucho tiempo, pues los recursos dilatorios impuestos habían demorado el mismo tres años. Hay que poner el ojo en estas instancias de toma de decisiones más que la coyuntura política del país y esperar que la elección de su sucesor sea transparente”.
Al respecto Fabio Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, expresó que se trató de un caso jurídicamente difícil, en el sentido de que no existen normas claras. “Me parece bien que no exista reelección en este tipo de cargos. Ahora, resulta extraño que en plena discusión del Plebiscito, y con la oposición que el procurador plantea, se resuelva el caso justo ahora. Aún cuando es una decisión jurídicamente posible, sugiere una fundamentación política”.
Para Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado, es un irrespeto para la justicia, para el Estado de derecho y para el Consejo de Estado siquiera insinuar que se trató de un fallo político para sacar de la vida nacional a un enemigo del proceso de paz
¿Qué sigue ahora?
Laura Gallego, directora del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, explicó que la decisión del CE no tiene apelación, porque es órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa. Agregó que es inapropiado calificar de política una decisión de un órgano técnico.
“El procurador ha anunciado que no interpondrá recursos ni acción de tutela contra la decisión. Ahora lo que se requiere es la activación del mecanismo de elección del nuevo procurador, para que esa institución pueda cumplir a cabalidad sus funciones”.
Según Juan Antonio Zornoza, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional (sede Medellín), el impacto y el revuelo político de esta sentencia será coyuntural, en cambio el fundamento jurídico consistente será fuente para las decisiones sucesivas sobre esta materia.
Según Martínez, lo que sigue ahora es una interinidad de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, hasta que se elija nuevo procurador. “Supongo que el Gobierno presionará para que sea rápido y que sea su candidato, pues la procuradora (e) seguirá haciendo oposición al Gobierno”.
¿Camino a la Presidencia?
Ana Londoño Agudelo, docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, dijo que se viene un escenario difícil, por cuanto se quiere mostrar la decisión como un acto de persecución. “En esa medida puede incluso fortalecer sus aspiraciones presidenciales”.
Según Martínez en política nadie esta muerto. “No tengo duda de que este no es el fin de Ordóñez, y que tendremos noticias suyas en el futuro”.
Para Patricia Muñoz, docente de Ciencia Política de la Javeriana, Ordóñez seguirá como actor político beligerante contra el Plebiscito y el proceso de paz y seguramente hará críticas, con menos exposición, de cara a sus aspiraciones políticas.
2.800
sanciones contra funcionarios públicos de todos los partidos políticos expidió el procurador Alejandro Ordóñez entre el 2009 y 2016.
Te puede interesar
El empleo que busca está a un clic
