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El revolcón que propone la Misión Electoral Especial

Los analistas aseguran que los planteamientos generales de la reforma electoral se quedan cortos y no abordan los problemas estructurales.

  • La propuesta busca mejorar la participación electoral por lo que se establecería el voto como un deber ciudadano. Se propone la pedagogía y transporte gratuito. FOTO Esteban Vanegas
    La propuesta busca mejorar la participación electoral por lo que se establecería el voto como un deber ciudadano. Se propone la pedagogía y transporte gratuito. FOTO Esteban Vanegas
25 de marzo de 2017
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La creación de una Corte Electoral, de una Comisión Electoral, la elección de 200 representantes (hoy hay 166) y la financiación mixta de las campañas; son, en términos generales, las propuestas que presentó la Misión Electoral Especial y que se espera hagan parte de la reforma política que se planteó en el acuerdo de paz con las Farc.

Estos lineamientos son apenas un borrador ya que se espera que a mediados de abril se conozca el documento que será entregado al Gobierno y que luego pasará por el Congreso.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, dijo que estas propuestas surgieron tras una concertación con partidos políticos, investigadores, instituciones y la sociedad civil. Explicó que las discusiones se centraron en tres ejes: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral.

“El momento político que está viviendo el país favorece mucho una propuesta de este estilo, ya que si bien no es algo nuevo, lo que importa es el contexto y la coyuntura actual en la que nos encontramos. En Colombia hay un deseo de apertura democrática y de mayores controles, hay un deseo de reformar nuestro sistema político”, apuntó Barrios.

Cambios en la arquitectura institucional

La Misión propone la creación de dos instituciones: una concentrada en temas administrativos y otra con funciones jurisdiccionales. El primero sería el Consejo Electoral Colombiano (CEC) el cual asumiría funciones técnicas y de planificación. El CEC tendría presencia territorial y estaría presidido por una directiva de cinco miembros de origen no partidista.

Entretanto, la Corte Electoral, CE, sería la encargada de la totalidad de la jurisdicción electoral y estaría integrada a la estructura de la Rama del Poder Público pero con autonomía. Esta Corte define la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo a quienes fueron elegidos por voto popular. Estaría compuesta por seis tribunales regionales.

En caso de que la reforma sea probada, tanto el CEC como el CE sean aprobados, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría dejarían de existir y sus competencias serían asumidas por estas entidades.

Los cambios en el sistema de elección

En este punto, la Misión Electoral busca fortalecer el sistema de partidos y darle mayor participación a las regiones. Con este modelo en el Senado se elijan 100 congresistas, actualmente hay 102, mediante la lista cerrada y bloqueada con el método de representación proporcional. Esto quiere decir que desaparecía la lista abierta. Además, se propone una simplificación del sistema de partidos, con una significativa reducción de los costos de campaña, los cuales deberán ser asumidos por el partido y no por el candidato.

En la Cámara de Representantes se habla de la elección de 200 representantes, hoy son 166, a través de un sistema mixto que combina plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral.

También se plantea que las candidaturas y los puestos de lista deberán ser definidos por los partidos mediante procesos democráticos internos; que se deberá aumentar la cuota de género. Se advierte que las elecciones de Asambleas y Concejos se harán con lista cerrada; además se tendrá que hacer pedagogía para aumentar la participación e incluso se darán facilidades para el voto como transporte y multiplicación de puestos de votación.

Financiación electoral sería mixta

La propuesta de la misión está encaminada hacia un modelo de financiamiento mixto en el que predomina lo público, con aportes directos e indirectos, en el que habría mayores y efectivos controles, con mayor transparencia. Se mantendrían los topes de campañas y habría mecanismos indirectos de financiación pública, como la pauta de medios de comunicación .

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