Con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, el Gobierno Nacional busca cambiarle la cara a la ruralidad colombiana.
Este es un ambicioso proyecto que, para empezar a dar cumplimiento a la Reforma Rural Integral contenida en el primer punto del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, entregará servicios, infraestructuras y proyectos productivos a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
En las últimas dos semanas las diferentes entidades estatales han estado de correría presentando los alcances del programa que pretende transformar la calidad de vida de los habitantes de 170 municipios del país.
De los 125 municipios antioqueños, 24 fueron priorizados y contarán con PDET.
EL COLOMBIANO conversó con Mariana Escobar Arango, directora de la naciente Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de llevar, precisamente, la inversión a los municipios más afectados por el conflicto, para conocer en detalle cómo funcionará esta iniciativa.
¿Cómo se priorizaron los municipios?
“Se tuvieron en cuenta cuatro criterios: afectación del conflicto armado, presencia de cultivos de uso ilícito, niveles de pobreza extrema y presencia institucional. Todos los municipios del país sufrieron la guerra y en general la ruralidad colombiana es pobre, pero a partir de esas cuatro características escogimos los 170 municipios”.
Parece curioso que cada que se habla de posconflicto está en un lugar importante el Oriente antioqueño, pero en los PDET no está ¿por qué?
“Toda esa región se desocupó en los tiempos de conflicto, todos se desplazaron, sin embargo, el Oriente antioqueño ha tenido procesos muy importantes de retorno, de restitución de tierras, de reparación a las víctimas y los índices económicos de esa región no son los más bajos del departamento de Antioquia, por eso en el marco del PDET, se reconoce en este caso a otros municipios”.
¿Cómo se priorizarán los proyectos?
“En los 170 municipios se va a hacer un proceso de construcción participativa de los PDET, en los cuales se ejecuta la Reforma Rural Integral en los próximos 10 años. Los definen la comunidad, los alcaldes, las gobernaciones, los sectores productivos, porque es un ejercicio que se hace con todos los actores del territorio. Allí se priorizan con base en unos presupuestos que se establecen y esos son los que se van a desarrollar en ese plazo”.
¿Con cuáles recursos
se financiarán?
“Con el Presupuesto General de la Nación, transferencias del Sistema General de Participaciones, regalías, cooperación internacional y el sector privado”.
¿Ya hay un monto asignado para los PDET?
“Estamos en proceso de priorizar. El Gobierno radicó hace unas tres semanas el marco fiscal de mediano plazo para la implementación del Acuerdo y nos asignó 129 billones de pesos para implementar todo lo que saldrá del Acuerdo en los próximos 20 años, de ahí hay 110 billones para la Reforma Rural Integral para todo el país. Estamos calculando el marco fiscal para los 170 municipios”.
¿Qué tipos de proyectos podrán estar incluidos en los PDET?
“La Reforma Rural Integral tiene 16 ítems de mejoramiento territorial y acceso a la tierra que contemplan salud, educación, vías, desarrollo económico, desarrollo productivo, acceso a crédito, acceso a vivienda rural, agua potable, energía eléctrica, entre otros”.
¿Cuál es la tarea de la Agencia para la Renovación del Territorio en los PDET?
“Una de las principales tareas que tiene que hacer esta Agencia es coordinar a todos los sectores que deben responder por estos planes para que atiendan a las demandas que hay, es decir, en el Urabá antioqueño hay priorizados unos municipios que van a definir todo lo que necesitan en los próximos 10 años, y la Agencia tendrá que coordinar que todo funcione para que se logre en el plazo establecido”.
¿Qué otras funciones tiene la Agencia?
“Ninguna otra. Esta es una tarea muy compleja: los 170 municipios están en la ruralidad más compleja de Colombia: estamos hablando de La Guajira, Magdalena, los Montes de María, el Sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, Chocó , el Pacífico Medio, el Pacífico nariñense, Putumayo, Guaviare, Caquetá, La Macarena, el sur de Tolima, Arauca, Catatumbo, es decir, una geografía muy compleja.
Vamos a atender 11.000 veredas, vamos a poner a participar a 455 resguardos indígenas, a 300 concejos comunitarios para la construcción de esos proyectos de la mano con los alcaldes, los gobernadores, las universidades, el sector privado, todas las organizaciones sociales. Por una parte, la agencia tiene la tarea de, en los próximos ocho meses, determinar todo ese trabajo de gestión participativa de los PDET en los territorios y después tiene la misión a 10 años de garantizar la ejecución de esos recursos mediante un proceso de coordinación de todos estos sectores con las entidades del Estado”.
¿Habrá un tratamiento diferencial para las comunidades étnicas?
“Por supuesto. El Decreto 893, que crea el PDET tiene un capítulo étnico que incluye la necesidad de hacer consulta previa y se define allí el respeto por el territorio étnico, de manera que en esta construcción participativa tanto los consejos comunitarios como los resguardos indígenas van a hacer una especie de planeación para la construcción del PDET y esperamos que las comunidades negras e indígenas puedan dinamizar, en el marco de lo que ofrece el Acuerdo, sus planes de vida y sus planes dentro del territorio”.
