El magistrado Gustavo Malo podría ser el segundo alto funcionario en la historia de Colombia al que el Congreso le retira su investidura. Esta vez por las investigaciones del llamado ‘Cartel de la Toga’, que lleva a cabo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Este martes la célula legislativa le presentará a la plenaria de la corporación el escrito de acusación que definirá la suerte del togado.
El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, explicó que la plenaria designará una comisión instructora para que recomiende si se acusa o no al magistrado ante el Senado de la República.
Según él, en la semana del 17 de abril, el pleno de la Cámara escuchará los argumentos del acusado, de los representantes investigadores y el informe de la comisión instructora para determinar si el proceso llega a juicio político y avanza.
A Malo, la comisión lo investiga por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. La acusación pasará de la Comisión a la plenaria de la Cámara y luego a una comisión en Senado para que la plenaria dé el veredicto definitivo.
Malo fue suspendido de sus funciones en la Corte Suprema de Justicia, pero aún conserva su salario como togado (cerca de 30 millones de pesos) y el vehículo oficial. Si le retiran el fuero, también será removido del tribunal.
En 2016 el Congreso le retiró la dignidad al magistrado Jorge Ignacio Pretelt por el delito de concusión por, supuestamente, haber recibido 500 millones de pesos para que un fallo de tutela favoreciera a la empresa Fidupetrol.
La Comisión de Acusación de la Cámara está conformada por 15 congresistas y lleva los procesos contra los también togados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.
Esa célula legislativa, criticada por ineficiente, maneja cerca de 4.200 denuncias. Ejecutó los procesos contra los expresidentes Gustavo Rojas Pinilla y Ernesto Samper, pero estas no prosperaron en las plenarias del legislativo.
