Los exguerrilleros de las Farc que se desmovilizaron desde 2005 y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, diseñada en su momento para la negociación con los paramilitares, podrán gozar de los beneficios económicos y sociales con los que cuentan los exintegrantes de esa insurgencia que dejaron las armas este año, fruto del Acuerdo entre el Gobierno y esta organización.
Para ello los ministerios del Interior y de Justicia expidieron el Decreto 2199, justo un día después de Navidad. Esta norma, explicó el ministro Guillermo Rivera, “pretende darle alcance a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que abrió la posibilidad para que los excombatientes de las Farc, postulados a la Ley de Justicia y Paz, que hayan recibido la amnistía, puedan acogerse al sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Es necesario aclarar que únicamente obtendrán este beneficio los desmovilizados de las Farc, los pertenecientes a otras estructuras como las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, y otras guerrillas no podrán entrar a la JEP.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le explicó a EL COLOMBIANO que la JEP no busca acabar con Justicia y Paz, por el contrario, en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc quedó estipulado que ese sistema se fortalecería.
El asunto de fondo era que una vez renunciaban a Justicia y Paz, sin haber obtenido los beneficios económicos por estar en prisión, quedaban en el aire.
Los beneficios
La abogada Ángelica Martínez, quien defiende a 40 de los 500 guerrilleros que se sometieron a la Ley 975 (Justicia y Paz), explicó que estas personas salían de la cárcel, gracias a la Ley de Amnistía e Indulto, y no tenían recursos para sobrevivir. Además, no tenían su situación jurídica resuelta, ya que deben esperar a que empiece a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Ahora, los desmovilizados podrán acceder a un ingreso mensual del 90 % del salario mínimo por dos años, mientras no tengan empleo; 2 millones de pesos de normalización por una sola vez y hasta 8 millones de pesos para un proyecto productivo, tal como lo planteó el Acuerdo.
Además, tendrán capacitación para la ejecución de esos proyectos, programas de formación, ayuda psicosocial, cotización al sistema de seguridad social y beneficios para subsidios de vivienda.
La abogada celebró que muchos de ellos, dependiendo de su nivel de riesgo, podrán acceder a planes de seguridad brindados por la Unidad Nacional de Protección, ya que han recibido amenazas por los hechos que confesaron ante los tribunales de Justicia y Paz.
Es de recordar, que ante esa justicia los desmovilizados de las Farc hablaron de la política de reclutamiento infantil, aborto, abuso sexual, y fusilamiento que había dentro de la estructura guerrillera, por lo que en muchas oportunidades fueron declarados objetivo militar y traidores por quienes seguían en las filas del grupo armado.
