Briceño vuelve a ser el centro de todas las miradas relacionadas con el conflicto armado y los diálogos de paz que se adelantan entre el Gobierno y las Farc.
En su más reciente comunicado conjunto, ambos equipos negociadores confirmaron un nuevo proyecto piloto que buscará sustituir los cultivos de uso ilícito que se tienen en las veredas Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chirí, Roblal y Palmichal.
El principal acuerdo entre las partes, para que el proyecto sea viable, es tener el compromiso comunitario con la sustitución y la no resiembra de la hoja de coca, para que inmediatamente, como dice el comunicado conjunto, “se ponga en marcha un plan de atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos cuyo marco de referencia será, en lo pertinente, lo señalado en el ‘punto 4, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’ del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno para este plan piloto de sustitución de cultivos, está el de prestar seguridad a los integrantes de las Farc que se desplacen por las comunidades involucradas en el programa, y el de “garantizar los recursos de manera oportuna para la puesta en marcha de los programas y proyectos para la sustitución de los cultivos de uso ilícito”.
Los tomó por sorpresa
EL COLOMBIANO consultó con habitantes de las zonas mencionadas en el comunicado y también con la Asociación de Campesinos de Briceño, y todos fueron tomados por sorpresa por lo anunciado en Cuba. Expresan dudas sobre la intención que se tiene para sustituir los cultivos de su ilícito en la región.
Gabriel Sánchez coordinador de la asociación campesina, asegura que entre los labriegos hay más temor que esperanza; creen que el Gobierno no tiene la capacidad de cumplir con sus promesas.
“La idea es hacerle un acompañamiento a las comunidades, pero hay que decir que este comunicado nos toma por sorpresa. Nos preocupa que los adelantos que se tenían en la materia con la Gobernación de Antioquia, se vean perjudicados con la entrada de este proyecto”, afirma Gabriel, quien también dice que no hay mucha confianza ante las promesas del Estado, “pues mire que compromisos como el de mejorar la vía a la vereda Orejón no se cumplieron y si esa zona es una de las elegidas para cultivar otros productos, allá no hay cómo entrar un vehículo grande para que los recoja y los saque para su venta”.
Otro aspecto que preocupa a la Asociación de Campesinos está directamente relacionado con los derechos humanos y la seguridad en el municipio. Dicen que “en el comunicado no se habla sobre ese asunto y es algo que acá hay que prestarle atención, porque la situación está delicada”.
La vereda Palmichal es una de las elegidas para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Allí casi todos sus habitantes tienen varias hectáreas de coca sembradas y de eso reciben su sustento.
Una de esas personas, a quien se le protege su identidad por razones de seguridad, afirma que la coca en esa zona “es prácticamente irremplazable”, pues no ven otro producto que les brinde los mismos frutos económicos. “Esto nos pone entre la espada y la pared, porque si la guerrilla, que es la que nos compra el producto, acaba el negocio, por esta zona no podemos producir para el otro grupo que también compra. Nos vemos obligados a cambiar el cultivo sin muchas garantías”, asegura esta persona.
Gran oportunidad
El gerente designado de Paz y Posconflicto de la gobernación de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, ve en el anuncio de los equipos negociadores una gran oportunidad para que los trabajos que ya adelanta la administración departamental en lo relacionado con la sustitución de cultivos se pueda complementar con este nuevo plan piloto.
“Esta es una decisión que se toma, desde mi punto de vista, antes de la declaratoria del cese bilateral del fuego que puede ser en julio, como también la firma del acuerdo final, lo que quiere decir que esto es una muy buena oportunidad para Antioquia”, explica el funcionario.
Sobre la seguridad, Pardo dice que ve “un ambiente favorable” para el desarrollo de los dos proyectos pilotos, el del desminado y ahora el de la sustitución de cultivos de uso ilícito .
