Bogotá, Antioquia y Bolívar son las regiones del país en las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identificó que más menores de edad han sido explotados sexual y comercialmente entre enero de 2016 y mayo de este año.
El reporte indica que sumadas las tres, llegan a 313, de los 688 casos en los que actuó el Instituto para restablecer los derechos que les fueron vulnerados, es decir, recuperar su dignidad e integridad, protegiendo los derechos que les hayan sido vulnerados.
Para el ICBF, demuestra que es una población que sigue siendo esclavizada en pleno siglo XXI (ver infografía).
Sin embargo, el reporte podría ser mucho mayor, pues el subregistro y la ausencia de denuncias imposibilitan que el Instituto o la Policía puedan actuar ante estos casos, que en 2016 llegaron a 297; en 2017 fueron 296 y hasta mayo pasado iban 96.
Ante esta situación, el ICBF y la Procuraduría General iniciaron la campaña “Colombia presente contra la explotación sexual comercial” de menores de edad, en la que harán énfasis en la prevención del delito, concientizar a las familias para que sean más cercanos a sus hijos y reforzar el trabajo pedagógico en los colegios.
Otro sector en el que se enfocarán es el de los delitos que se puedan registrar en la web, pues en los últimos siete años la Dijín de la Policía Nacional ha bloqueado 10.014 sitios de internet dedicados a la explotación de niños o adolescentes a través de prostitución o pornografía.
¡A protegerlos!
Karen Abudinen, directora del ICBF, destaca que estas conductas deben ser rechazadas por toda la sociedad y, en caso de conocer algún hecho delictivo como este, los ciudadanos deben denunciarlo.
“Solo hay que imaginar si es uno de nuestros hijos quien está expuesto a una situación como estás, no podemos darles la espalda a los menores de edad que son víctimas de estos casos”, señaló Abudinen.
La funcionaria reveló que de los 297 casos en los que debió actuar el Instituto en 2017, 14 niños estaban entre los 0 y 5 años, lo que demuestra que estas redes de explotación no tienen rango de edad para delinquir.
“Nuestros niños merecen crecer sin huellas que duelan para toda la vida. A la hora de protegerlos, todos tenemos que ser una familia unida y solidaria, porque no hay excusa para hacerse el que no ve o el que no entiende o el de la vista gorda”, pues si esto sucede, a juicio de Abudinen, se convierte en “complicidad”.
Esta versión es respaldada por Unicef en su informe “Explotación sexual infantil: Callarse es aceptar”, en el que deja claro que “ningún país es inmune”, por lo que llama la atención para que haya compromiso gubernamental para encarar el flagelo mundial.
¿En qué hay que trabajar?
Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save The Children en Colombia, plantea que los retos deberán concentrarse en establecer, cumplir y darle recursos a una política pública que permita enfrentar este panorama, pues aunque sostiene que las campañas son necesarias y muestran un interés de enfrentarlo, se pueden quedar cortas si no hay presupuesto.
También menciona que esta tarea le quedará al próximo gobierno, que deberá destinar los recursos porque, como lo dijeron el ICBF y el procurador, Fernando Carrillo, “la niñez no tiene precio”.
Granada va más allá. Su preocupación radica en la presencia de redes internacionales dedicadas a “atraer” y “capturar” a esta población. “Debemos tener en cuenta que hay mafias como la yakuza o carteles mexicanos que tienen incidencia”, sobre todo en los colegios y zonas vulnerables del Eje Cafetero y Antioquia, “donde entre compañeros o amigos se empiezan a ofertar”.
Unicef también plantea la necesidad de destinar recursos para que los programas sean sostenibles, aunque deja claro que más allá de la financiación, deben existir compromiso, apoyo, educación, sensibilización y un interés enfocado en responsabilidad social de las industrias pues “algunas se benefician” o simplemente “miran para otro lado” para evitar comprometerse.
Otro enfoque que deberá encarar el gobierno colombiano es la migración venezolana, estimada en alrededor de 1,5 millones según Migración Colombia. Según Granada, la necesidad los convierte en “presa fácil” de los delincuentes, quienes los rondan para “ofrecerles trabajo”.
Este flagelo también se hace evidente en Venezuela y las zonas fronterizas, como lo publicó EL COLOMBIANO este lunes, tras conocer la denuncia de la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, quien aseguró que existe una red de prostitución infantil en la región, por lo que pedirá apoyo al gobierno de Colombia para enfrentarla.
