El crimen atroz contra Rosa Elvira Cely, asesinada en la fría madrugada del 24 de mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá, develó la fragilidad del sistema penal colombiano. No solo hubo fallas en su caso, sino que tampoco existía una ley que sancionara a los victimarios que atacan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, por razones de género. Lo mínimo que las organizaciones le pidieron al Gobierno Nacional fue que estableciera el feminicidio como un delito autónomo.
Así lo hizo el presidente Juan Manuel Santos el 6 de julio de 2015. Desde entonces, la persona que asesine a una mujer por razones de género (feminicidio) podría pagar hasta 41 años de cárcel. ¿Cómo diferenciar entre un homicidio y un feminicidio? La ley plantea, por ejemplo, que los jueces pueden catalogar el feminicidio cuando hay una relación previa, de compañerismo, íntima o de trabajo. Cuando hay signos de abuso sexual también se configura el feminicidio o cuando se utiliza la relación de poder contra la mujer.
Un año después de ser sancionada, la ley no ha cumplido con las expectativas. Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por feminicidio se han dictado cuatro condenas, 44 imputaciones y 52 casos están en investigación.
Según la Fiscalía, en los últimos 10 años se han abierto 34.571 casos que podrían ser considerados feminicidios, de los cuales 3.658 han presentado condenas. Los demás casos (cerca del 90 %) están en la impunidad. El informe señala que Valle del Cauca (con 1.747 casos), Antioquia (con 1.590) y Bogotá (que reportó 1.319) tienen los números más altos de feminicidios en el país.
Balance negativo
Consultada por EL COLOMBIANO, la Corporación Sisma Mujer señaló que existe un nivel alto de impunidad: “La vicefiscal General, Elka Venegas Ahumada, anunció que actualmente hay ocho sentencias condenatorias por feminicidio y 67 imputaciones. Es un panorama desalentador, si se tiene en cuenta que tan solo para el año 2015, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 100 casos de feminicidios. Con las cifras que entrega la Fiscalía hablamos de una tasa de impunidad elevada”.
Catalina Ruiz Navarro, directora de la revista y ONG Hoja Blanca, considera que la tipificación penal del feminicidio ha permitido crear “herramientas conceptuales para pensar en la importante diferencia que hay entre matar a una mujer para robarle, y matarla porque el victimario asume que su cuerpo (y el de todas las mujeres) es un objeto desechable y a su disposición. Cuando el motivo del asesinato de una mujer es el machismo, la sociedad que ha construido y permitido ese machismo, también es culpable”.
La ley, para Ruiz, no basta si no hay un cambio cultural. De hecho, la misma legislación plantea que el Ministerio de Educación incluya en la malla curricular la perspectiva de género, algo que hasta el momento no es muy evidente. “No se ha visto que se incorpore la perspectiva de género en la malla curricular y si bien ahora hay algunas cifras sobre feminicidios, los datos tan bajos muestran que no todos los feminicidios están siendo tratados como tal”. A este problema se puede agregar la ausencia de formación de jueces y funcionarios. “La impunidad que se mantiene en el caso de Rosa Elvira Cely, nuestro caso emblemático de feminicidio, en el que, cómo no, le echan la culpa a la víctima, es paradigmática de lo que sucede con casi todos los feminicidios en el país”.
