La Fiscalía General de la Nación anunció que revisará el alcance que tienen los indultos que le fueron concedidos a integrantes del M-19 hace 20 años, si se llega a comprobar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante la toma al Palacio de Justicia.
La revisión se iniciará tras la denuncia por la muerte de militares durante la toma del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985; este asunto será tratado por el despacho del Vicefiscal General, Jorge Perdomo.
“La tarea de la Fiscalía es la de examinar los alcances de cosa juzgada que tienen los indultos que se promovieron hace cerca de 20 años en favor del M-19. Se expidieron unos indultos y amnistías a favor de toda la cúpula del M-19, y por lo tanto la Fiscalía tiene que determinar si estos abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En principio ellos están amparados por un derecho fundamental a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica, y tendrá que examinarse los alcances”, afirmó Montealegre.
Y agregó “cuando culmine ese estudio podremos determinar si comparecen en calidad de investigados penalmente o para contribuir al esclarecimiento de la verdad, pero una determinación de ese sentido solo podrá adoptarse realmente cuando culmine ese estudio”, afirmó.
Según el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en este caso se tendría que entrar a determinar los alcances de los indultos en delitos de lesa humanidad.
“Si la Fiscalía llega a la conclusión de que los indultos y las amnistías proferidas a favor de la cúpula del M-19 no abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Fiscalía podría iniciar inmediatamente investigación contra miembros de la cúpula que no murieron en la toma del Palacio de Justicia. Si la Fiscalía llega a la conclusión que esa toma del Palacio está ya amparada por la cosa juzgada y el derecho fundamental a la seguridad jurídica, una sentencia que hace ese tránsito solo puede romperse por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la medida que se den los presupuestos que ha señalado el derecho internacional”, agregó.
Según el fiscal la Corte Interamericana ha declarado inválidas todas las amnistías e indultos que se han proferido durante dos décadas en América Latina, como las chilenas, peruanas, argentinas, cuando estas han sido incondicionales, por crímenes internacionales, donde no se ha conocido toda la verdad. “Entonces teóricamente la Corte podría declarar la invalidez de ese tipo de amnistías cuando violan el derecho internacional. No hay ningún término de prescripción y caducidad para declararlas inválidas”, sostuvo Montealegre.
Por último, agregó que luego de una decisión de la Corte Constitucional toda decisión que ponga fin a un proceso por crímenes internacionales, puede ser revisada por la Corte Suprema, cuando el Estado colombiano ha incumplido de forma grave sus deberes de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos.
