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Aunque hoy el Estado colombiano tiene un inventario de 3.389 bienes incautados a las Farc, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que espera “conciliar” esta información con la que entregue la guerrilla el 1 de agosto. A pesar de que este grupo ha insistido en que no tiene bienes.
Además, destacó que hasta ahora los bienes que ha decomisado tienen un valor de $1,1 billones y que tan solo en los primeros meses del año ha logrado incautaciones cercanas a los $300.000 millones. Frente a esto, el Gobierno subrayó que estos recursos serán destinados a la atención de las víctimas y que es función de la Fiscalía hacer este tipo de labor, sin que esto afecte la implementación del Acuerdo.
El Fiscal general advirtió que el ente acusador logró revisar 5,5 millones de archivos electrónicos, que ha permitido establecer que en el patrimonio ilícito hay bienes inmuebles urbanos y rurales. “Hacemos referencia a la existencia de establecimientos de comercio, empresas, cooperativas, dinero y carros. Esto le ha permitido a la Fiscalía construir un inventario”, dijo.
Martínez indicó que los detalles específicos de esta información no los harán públicos, porque esperan conocer primero el listado que entreguen las Farc. Además, porque seguirán avanzando en los operativos de extinción de dominio.
Al respecto, el alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, aseguró que nada en el Acuerdo de paz impide realizar acciones sobre estos bienes. “Si el Fiscal no ha hecho ninguna acción de esas no es por nada del Acuerdo, las pudo hacer el año pasado, o antepasado, las puede hacer ahora y las puede hacer cuando quiera”, insistió Pardo.
Estas declaraciones se dan después de que Martínez indicara que el decreto 903, expedido el pasado 29 de mayo por el Gobierno, el cual dicta disposiciones del inventario de bienes y activos de las Farc, da posibilidades a que el grupo armado ilegal pueda administrar sus propios bienes.
“El decreto establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno, pero conjuntamente con una comisión especial. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”, comentó Martínez.