Fiscalía imputa cargos a capturados por “Panamá Papers”

  • Varios altos cargos de la firma propietaria de Efecty están siendo investigados por presuntos nexos con cuentas opacas en paraísos fiscales. FOTO COLPRENSA
    Varios altos cargos de la firma propietaria de Efecty están siendo investigados por presuntos nexos con cuentas opacas en paraísos fiscales. FOTO COLPRENSA
COLPRENSA | Publicado el 06 de octubre de 2017

Ante la juez 59 con función de Control de Garantías, este viernes la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Luz Mary Guerrero y Jorge Humberto Sánchez Amado, representante legal y revisor fiscal de Efectivo Ltda. (firma dueña de Efecty) y Circulante S.A; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A; el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia; y Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda.

Esto, en el marco de la investigación que adelanta el ente acusador por el presunto vínculo en el denominado caso de los ‘Panamá Papers’, donde se habrían generado actividades ilegales por parte de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

A Luz Mary Guerrero le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Igualmente, fue imputada Martha Moreno, por los delitos de falsedad ideológica, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

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Mientras que al ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, le imputaron falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

A Sara Guavita, le imputaron falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Y por último, imputó a Jorge Humberto Sánchez por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La investigación

Las investigaciones del ente acusador confirman que la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios, entre los años 2010 y 2016, un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”.

“Se identificó que esas catorce sociedades, usando los servicios que les ofrecía Mossack Fonseca, firmaron contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior a sabiendas que esos servicios no se prestarían”, dijo el fiscal delegado.

En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso reveló apartes de los correos electrónicos que involucran a Juan Esteban Arellano Rumazo, de nacionalidad ecuatoriana en el ilícito.

El delegado de la Fiscalía argumentó su teoría, incluso conociendo la postura de Arellano Rumazo, sobre su total desconocimiento de los hechos. “Según lo que escuché en los medios de comunicación no conozco sobre el servicio de refacturación, ni es parte del portafolio de Mossack Fonseca”.

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El fiscal delegado reveló, en una presentación, los correos electrónicos entre Martha Moreno y Arellano Rumazo, donde el segundo le confirmaba que la firma panameña tenía “la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los ocho millones de dólares”.

De acuerdo con el fiscal, Arallano Rumazo le habría dado garantías a Martha Moreno sobre el servicio que le brindaría Mossack Fonseca. “Tenemos la capacidad de usar dos o cuatro compañías en jurisdicciones de Panamá o Reino Unido. Ustedes son los que definirán cuál es la mejor alternativa”, decía, presuntamente, el ecuatoriano en el correo.

El fiscal del caso explicó que Mossack Fonseca ofrecía sus servicios de “asesoramiento, acompañamiento y soporte en torno a lo jurídico y tributario. Pondríamos a disposición los mejores expertos de la fiduciaria para que lideren esta operación y nos garanticen que sea un éxito”. Se lee en uno de los correos expuestos en la diligencia.

Luego de exponer parte del material probatorio contra el ecuatoriano, el fiscal precisó que “los correos demuestran que él sí sabía de la refacturación”.

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