Tras el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, ocurrido este jueves en Cartagena, la Fiscalía General de la Nación dispuso un grupo interdisciplinario para estar en el Puesto de Mando Unificado ubicado en el lugar de la tragedia e iniciar las investigaciones pertinentes sobre la causa de los hechos.
El reporte oficial es de 10 muertos y 26 personas rescatadas con vida, entre ellas, obreros de la construcción que en el momento del colapso se encontraban trabajando. Los heridos se encuentran en centros asistenciales de la ciudad, algunos bajo estado reservado.
La Fiscalía anunció que abrió una investigación por estos hechos y que ordenó diligencias de análisis de evidencia, así como entrevistas.
Entretanto, en un trabajo conjunto con la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, se realiza una valoración técnica de los materiales que se utilizaban en la construcción, del estado del suelo y de lo que conlleve a esclarecer la causa del desplome del edificio de 6 pisos.
Ante la situación, la Fiscalía solicitó a las entidades pertinentes respuesta para saber si expidieron documentación para la construcción de Portal de Blas de Lezo II.
La Fiscalía General de la Nación hace presencia en el lugar de la tragedia con un grupo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) —conformado por un ingeniero, un arquitecto y un topógrafo— bajo la coordinación del Subdirector Seccional de Policía Judicial Seccional Bolívar, apoyado por miembros de la Sijín.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también anunció que abrió indagación preliminar contra el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, por el desplome del edifico en construcción en el barrio Blas de Lezo, que deja un saldo de 11 personas muertas, 23 heridas y 4 desaparecidas.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa fijó un plazo de cinco días para la práctica de pruebas que permitan establecer si esta edificación de seis pisos contaba con los permisos de ley.
El Ministerio Público solicitó al mandatario un reporte de las acciones adelantadas por su administración para evitar y hacer frente a la construcción de obras ilegales en la ciudad, cuya existencia habría admitido conocer en una entrevista radial.
Con estas pruebas la Procuraduría busca identificar si el alcalde de Cartagena incurrió en faltas disciplinarias y si en las mismas habrían participado otros funcionarios.
