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Formación: otra variable en la crisis de la justicia
Según expertos, lo que sucede con
la justicia es un reflejo de nuestras falencias éticas como sociedad.
31 de marzo de 2015
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En medio de la crisis de credibilidad que sacude a la Justicia, como consecuencia del escándalo que involucra al magistrado Jorge Pretelt por un presunto tráfico de influencias para fallar a favor de un tercero una tutela, aparecen críticas que ponen en el ojo del huracán a los jueces y sus calidades profesionales.
Hace apenas unas semanas, el país presenció un debate en torno a la formación que reciben los responsables de administrar la justicia porque en una prueba que se les aplicó a 27.000 tan solo 1.300 la superaron.
En los anuncios hechos por la misma Corte Constitucional para autorreformarse y en el proyecto de reforma de equilibrio de poderes se habla de aumentar la edad y los requisitos para ostentar el cargo de magistrado, a fin de asegurar que no se repitan historias como las que hoy protagoniza el magistrado Pretelt.
María del Pilar Arango, de la Corporación de Jueces y Magistrados, indicó que “salvo unas pocas excepciones, la mayoría de funcionarios de la rama son personas juiciosas, preparadas y honestas”.
El profesor de Ética y Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UPB, Ricardo Molina, afirma que lo que está sucediendo hoy con la justicia es básicamente “un reflejo de lo que somos como sociedad, donde se evidencia una pérdida del sentido del límite como personas, donde se cree que todo se puede y todo vale, y no se tiene noción de los límites frente a los fines y los medios, y eso también se evidencia en las universidades que no son ajenas a esa problemática”.
Para Molina, el problema también se explica en la cantidad de facultades de Derecho que hay en Colombia. “En nuestro medio hay una proliferación absurda de facultades de Derecho. En Antioquia hasta 2004 había cuatro facultades y hoy hay más de 25, mientras que en el país hay unas 330 que suman aproximadamente unos 250.000 estudiantes, ¿qué clase de docentes hay allí y qué clase de abogados se están formando?”, se preguntó Molina.
Y el cuestionamiento retoma importancia al referirse a las afirmaciones que hizo el abogado Aberlardo de la Espriella, defensor de Pretelt, quien en el curso de las diligencia judiciales que adelanta su cliente, afirmó que la ética no tiene nada que ver con el Derecho.
“Una afirmación de esas es propia de alguien que no tiene idea de lo que es el Derecho pues este es una positivización de la moral y las buenas costumbres, por tanto nada más errático que decir que el Derecho no tiene nada que ver con la ética ni la moral”.
Se rajaron los jueces
Y es aquí donde se retoma el debate sobre la capacitación de los abogados y jueces de la rama, si se tienen en cuenta los resultados que dejó una prueba de conocimientos para acceder a vacantes y ascensos en la rama que presentaron 27.000 profesionales, de los cuales solo 1.300 la aprobaron.
Si bien hay serios cuestionamientos sobre la forma en que fue hecha la prueba, reprobada por más del 90 por ciento de los abogados que la presentaron, el debate está abierto.
Al respecto, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, en declaraciones a Colprensa había manifestado su preocupación sobre las calidades de quienes imparten justicia en el país.
“Me parece preocupante, es una muestra de que se necesita más capacitación. Más allá de si la prueba fue bien aplicada es un indicador importante de que la ciudadanía no está en buenas manos”, había dicho Gallón.
Sobre la idoneidad del examen Arango aseguró que “varios expertos en la materia consultados, dijeron que ese porcentaje de aprobación, por debajo incluso del 10 por ciento, no responde a los estándares normales de esta clase de prueba. Con un universo tan alto de casi 30.000 personas, mínimamente 3.000 debieron haberla aprobado. La prueba tiene unas deficiencias técnicas grandes y de fondo”.
No al estigma
Por otro lado, Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado y decano de la Facultad de Derecho de la UPB, afirmó que “más que un mal desempeño de los jueces, debería hablarse del mal desempeño de los abogados”.
De ahí que, al referirse al resultado de la prueba, advirtió que no se deben emitir juicios equívocos sobre los jueces y no estigmatizarlos, ya que en el examen también participaron particulares que querían acceder a un puesto en la rama.
“Hay muchas dudas sobre la parte técnica y por eso las facultades de Derecho hemos guardado tanto silencio”.
Y mientras el Consejo de Estado resuelve la demanda de nulidad contra el resultado de la prueba, el Congreso se apresta a debatir las calidades que deben ostentar los magistrados, pero también para acabar con el vínculo entre la politiquería y el aparato judicial.
1.300
personas aprobaron el examen para vacantes y ascensos en la rama judicial, de los 30.000 que se sometieron a la prueba.
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