En un lugar del mar Caribe, del que solo se sabe que está ubicado cerca a Cartagena y a 600 metros de la superficie, reposan los vestigios del Galeón San José. La embarcación de bandera española descansa en aguas colombianas. En ella, una cantidad hasta ahora incalculable de piezas de oro y plata, objetos de la época de la Colonia e incluso restos óseos de los marineros, quienes pretendían llevar a Europa el galeón, terminaron bajo el agua luego de que una embarcación inglesa los derrotara y hundiera el barco.
De este hay unas cuantas imágenes digitalizadas que reveló el gobierno de Juan Manuel Santos y manuscritos custodiados, en su mayoría, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y en distintos depósitos documentales madrileños relativos a la Armada Española.
Su existencia parecía una leyenda. Crónicas de los colonizadores hablaban de él y fue objeto de estudio de investigadores, quienes lo rastrearon con el fin de reconstruir, a través de la información que este brinda, la historia sobre las circunstancias de su hundimiento, así como el trasfondo político que trae este tipo de naufragio en el ámbito de la historia, naval y militar, y de los conflictos imperiales durante el periodo colonial.
Precisamente, por esa importancia es que en julio de 2017, el gobierno anunció que Colombia rescataría la embarcación, pero el proceso ha tenido largas y cuestionamientos de la academia.
Así va el conflicto
Argumentando los altos costos que implica rescatar el navío, el Gobierno determinó que el proceso se haría mediante una Alianza Público Privada (APP) para, sin recursos del Estado, desarrollar el proyecto de recuperación del San José, que se estima en un costo de 197.700 millones de pesos (unos 71,3 millones de dólares). Esa idea no le ha gustado al sector académico.
La empresa más opcionada para el proyecto era Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, la misma que en 2014 estuvo a cargo de la operación ordenada por el gobierno para encontrar el barco, cuya ubicación, según informó el presidente Santos en ese entonces, fue revelada por un hombre que le entregó un mapa.
Semanas atrás, la empresa Geminis Consultores SAS publicó un comunicado en el que anunciaba que, por “falta de garantías”, se habría retirado del proceso para la adjudicación de la APP. Ante ese señalamiento, el Ministerio de Cultura respondió que esta empresa jamás fue proponente. Además, recientemente el diario El Espectador reseñó una acción popular en curso ante el Tribunal de Cundinamarca que pretende frenar la posibilidad de que el proyecto quede en manos de una APP.
El proceso de contratación se detuvo debido a la Ley de Garantías durante la campaña electoral. Ahora, se espera que en los próximos días se dé a conocer qué empresa tendrá la tarea de recuperar el galeón, pero la preocupación entre científicos y académicos permanece, tanto, que es un tema que no solo alerta a los investigadores colombianos, sino a expertos en patrimonio de la Unesco. Por ahora, el 23 de julio se cierra la convocatoria para presentar propuestas de interés para el desarrollo del proyecto.
En un comunicado enviado semanas atrás, el Ministerio informó que, sino se presentan interesados, se adjudicaría el contrato al originador antes de que inicie el nuevo gobierno, es decir, a Maritime Archeology. Y, si se presentan proyectos que cumplan los requisitos, se abrirá el proceso de selección abreviada, que concluiría después del 7 de agosto, en un nuevo gobierno.
¿Los “caza tesoros”?
Un barco es un reflejo de la situación histórica, un documento para los países donde estuvo su puerto de salida y aquel puerto de llegada que no logró alcanzar. Por eso, para Xavier Nieto, miembro del Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, es una lástima que este tipo de proyectos acostumbren resolverse mediante una APP cuando los estados argumentan no tener los recursos necesarios para atender este requerimiento.
“Desde el punto de vista arqueológico una APP no es aceptable. Dispersar la colección y ponerlo en el mercado haría que deje de ser patrimonio de la humanidad, para que sea patrimonio de una persona”, dice y agrega que esta metodología abre la posibilidad a que algunas partes de la colección no queden en Colombia y se comercialicen a externos.
“Caza tesoros”, así llama Nieto a estas empresas que buscan extraer el patrimonio cultural subacuático. Su opinión sobre el futuro del proyecto es tajante: “se debería anular el proceso y buscar una colaboración con universidades, investigadores internacionales e incluso con la Unesco, que garantice que las operaciones que se hagan en el San José no representen una pérdida de patrimonio y que la finalidad sea científica y cultural”.
Como él, Carlo Emilio Pizzini, profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, considera que “el contrato estaría orientado por criterios mercantiles”, dejando en segundo plano aspectos científicos y técnicos.
Pizzini ve con buenos ojos que un privado financie el proceso, pero asegura que esto no debe implicar vender parte de lo que se rescate. Y esa es la queja permanente, pero no han conseguido detener el proceso.
¿Por qué de una APP?
El Ministerio de Cultura explicó a EL COLOMBIANO que “fue un particular el que presentó al Estado unos estudios históricos que sustentaban una solicitud de exploración en aguas marítimas colombianas” y que en la etapa de prefactibilidad la institución la consideró viable, ya que “correspondía a los intereses del Estado, y contemplaba como objetivo que el Ministerio de Cultura no lo podía realizar con sus propios recursos”.
Explican, además, que el originador, es decir, la empresa Maritime Archeology, “era el único poseedor de una investigación histórica, metodológica y cartográfica que permitía realizar la exploración”.
El Ministerio destaca que fue gracias a esta organización, la encargada de solicitar el permiso de exploración, que se realizó el hallazgo del lugar exacto en el que se encuentran los vestigios del navío y que la etapa de exploración se hizo con recursos privados, “sin la inversión de un sólo recurso estatal y sin asumir ningún riesgo”.
Argumentan que el esquema de APP “garantiza que el proyecto tenga una concepción integral”, es decir, exploración, intervención, preservación y divulgación, y que se cuente con la infraestructura para desarrollarlo.
Que un privado pueda financiar una iniciativa de este tipo es posible gracias a la Ley 1675 de 2013 sobre el patrimonio cultural sumergido y es justo en las condiciones que implicaría recibir esta financiación (que un externo al país se quede con parte de los vestigios del galeón) el punto en el que aún no hay un acuerdo.
El futuro del San José
Si en algo hay acuerdo es en la necesidad de rescatar el galeón. Sin embargo, hasta ahora no hay marcha atrás para la APP y esto significaría que esa “mercantilización”, que tanto preocupa a los investigadores, se haría realidad.
A pesar de que el navío tiene una bandera española, al encontrarse en aguas colombianas sus tesoros serían propiedad de nuestro país, de acuerdo con la Convención del Mar de la Unesco. El problema es que nuestro país no hace parte de esta convención, por lo que en junio de este año se envió una propuesta de memorando de entendimiento al gobierno español para cooperar en el rescate del San José, un tesoro monetario para algunos y para otros un tesoro patrimonial.
600
metros separan a los vestigios del Galeón
San José de la superficie.
