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Galeón se queda hundido, mientras la justicia decide

Una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó al Gobierno Nacional a desistir de adjudicar el rescate de este tesoro.

  • El San José, hundido en 1708 tras una emboscada de la flota británica, llevaba en su bodega monedas acuñadas en América, barras de oro y de plata, así como piedras preciosas. FOTO COlprensa
    El San José, hundido en 1708 tras una emboscada de la flota británica, llevaba en su bodega monedas acuñadas en América, barras de oro y de plata, así como piedras preciosas. FOTO COlprensa
24 de julio de 2018
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Por el momento, el Galeón San José seguirá residiendo en las profundidades del mar Caribe. Ayer, el presidente Juan Manuel Santos suspendió el proceso de adjudicación de una Alianza Público Privada, APP, para recuperar este patrimonio arqueológico mientras se resuelven los líos judiciales que envuelven el contrato para su rescate.

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no se pronuncia sobre las medidas cautelares. Por respeto a las instancias judiciales, al estado de derecho y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido, he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso”, argumentó el mandatario.

Las medidas a las que hace referencia consiste en una demanda presentada el pasado 18 de junio por el jurista César Augusto Duarte Acosta y que busca que el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia no puedan legalmente crear una APP para el rescate del patrimonio, avaluado en 10.000 millones de dólares.

Hasta que el Tribunal no defina la demanda, el proceso seguirá a la espera.

“La historia no nos perdonará que unos nuevos y sofisticados conquistadores, conocidos, en palabras de la Unesco, como cazatesoros, con artilugios y supuestos beneficios de tanto valor como los seductores espejitos de aquella azarosa época, nos vuelvan a saquear, apropiándose en una rapiña del Galeón”, dice la acción popular.

No era la única querella con la que debía lidiar el Gobierno en la misión de recuperar el Galeón. Vale anotar que el 26 de abril pasado, la Procuraduría General de la Nación le hizo al Ministerio de Cultura varias advertencias frente a la adjudicación del contrato para recuperar el patrimonio.

La primera de ellas fue justamente que el Presidente de la República o algún miembro de su gabinete no puede dejar una asociación de este tipo firmada, faltando menos de 100 días para dejar el poder.

“Hoy entregamos un sitio arqueológico sin intervención alguna, enriquecido de conocimientos, y con un modelo completo de gestión que incluye los recursos económicos necesarios para su intervención científica y como lo dije desde el primer día, para el disfrute y conocimiento de todos los colombianos”, concluyó Santos en su intervención.

La tarea de Duque

¿Qué futuro le deparará al Galeón?, en el marco de su participación en el Fórum Europa organizado en Madrid, el pasado 10 de julio, el presidente electo Iván Duque aseguró que su equipo de empalme está “analizando los argumentos presentados por España y explorando con detalle toda la normativa internacional” frente a la pugna de los dos países por el navío hundido.

Francisco Suárez, consultor en infraestructura y expertos en temas de APP, resaltó que esta asociación que se buscaba tiene pocos antecedentes y no es común estructurarla con un proyecto de las dimensiones del Galeón.

Sin embargo, consideró que la APP sería un medio óptimo para que el nuevo Gobierno lleve a cabo el rescate del navío, “por dos razones principales: Primero, permite un esquema eficiente de repartición de riesgo, pues una asociación público privada define por contrato quién debe responder por cada cosa”.

Suárez recalcó que en temas que requieren tanta experiencia como la recuperación de un patrimonio arqueológico y por lo costoso que resulta la inversión en equipos, lo mejor es tener un esquema de riesgos claros.

“Lo segundo es que el país tiene un marco regulatorio bien definido frente a estas asociaciones. Esto garantiza legalidad y transparencia a la operación”, concluyó.

A su vez, Daniel Botero, abogado especialista en derecho público, consideró que la APP también sería la opción más viable, “yo pensaría que al Estado le quedaría muy complejo tomar una operación de tal magnitud. Sería mucha demanda técnica para sus capacidades”. Por eso mismo, consideró que de fallar la demanda en contra, obligaría al Gobierno a asumir una operación que puede “salirse de las manos”.

Recordó que, aunque el Galeón es un patrimonio público, para este funciona la misma potestad que el Gobierno tuvo para negociar su participación en empresas originalmente estatales como Isagén o Telecom. La palabra ahora la tiene la justicia, pero la última la tendrá Duque y su Ministerio de Cultura.

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