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Por primera vez el Gobierno de Iván Duque hizo un balance de lo que se encontró en la reincorporación de exguerrilleros de las Farc.
Las preocupaciones fueron expresadas por el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio José Archila Peñalosa, en una carta enviada al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, en la que agradece sus palabras con relación a la responsabilidad de las Farc de mantener a sus excombatientes en la legalidad, pero muestra las dificultades que recibió el nuevo gobierno.
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Archila Peñalosa pone de manifiesto el precario estado de las instalaciones de los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización, en donde los exguerrilleros viven en la actualidad, y la ausencia de previsiones básicas de suministro y mantenimientos. Además, la desarticulación de las gestiones estatales y la ausencia de planeación jurídica respecto de los inmuebles ocupados.
Ya el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, había sentado su posición sobre la necesidad de aclarar qué va pasar con esas infraestructuras en el futuro, quién les hará mantenimiento y quién garantizará en el mediano plazo dejen de estar ocupadas por los excombatientes.
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El consejero asegura que los dos años y medio planeados para lograr la reincorporación no serán suficientes, sobre todo en el entendido de que no hay recursos ni siquiera para soportar los proyectos productivos prometidos a los exmiembros de las Farc. Dice además que la asistencia técnica para esos proyectos fue mala, inoportuna e inadecuada.
Ese ha sido un reclamo permanente de la dirigencia de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que surgió de las extinta guerrilla, ya que menos de 10 iniciativas han obtenido la financiación gubernamental. Es de recordar que cada excombatiente podría recibir hasta 8 millones de pesos para desarrollar el proyecto, la idea es que varios de ellos se junten y puedan formular, a través de cooperativas, un proyecto más ambicioso, en los casos en los que se supere el presupuesto asignado podría entrar la cooperación internacional a ajustar los cierres financieros.
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“Obviamente, esta administración ya está trabajando en todos esos frentes. En lo que hace a las intervenciones físicas urgentes ya tenemos una matriz de necesidades que serán atendidas, en la medida de las capacidades financieras, una vez obtenida la aprobación de los recursos necesarios por parte del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz que sesionará la semana del 17 de septiembre”, aclaró el consejero.
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