Aunque para el Gobierno Nacional son el “Clan del Golfo” (antes Urabeños o Clan de los Úsuga), la estructura armada ilegal que lidera Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y en sus estatutos de constitución y régimen disciplinario afirman que una de sus intenciones es “estructurar un proyecto político de alcance y dimensiones nacionales que involucren todas las partes en conflicto, en busca de una salida política y negociada”.
Sin embargo, el Gobierno no reconoce esa intención política de ese grupo armado y varios de sus funcionarios han confirmado que la única salida legal para los integrantes de esa estructura ilegal es el sometimiento a la justicia.
El vicepresidente y general (r) de la Policía, Óscar Naranjo fue el último en reiterar esa postura.
“Por ninguna razón habrá algún tipo de acercamiento o negociación política con ellos. El Clan del Golfo se quiere vestir hace años de autodefensas, pero son narcotraficantes. El único futuro que tienen es someterse a la justicia o enfrentar la persecución policial y militar, que ya se volcará a combatirlas porque no tienen que preocuparse por las Farc. La justicia prevé herramientas para el desmonte de organizaciones”, afirmó el vicepresidente.
Para Jorge Giraldo, decano de la facultad de humanidades de la Universidad Eafit, la negociación que pueda existir entre el Gobierno y las bandas criminales, en este caso el “Clan del Golfo”, no es “un asunto cerrado”.
Para el académico, el compromiso adquirido por el Gobierno en el acuerdo de paz con las Farc de presentar un nuevo proyecto para buscar el sometimiento a la justicia de integrantes del crimen organizado, “podría funcionar con grupos del tamaño de la ‘Oficina’, pero no sabría decir si ese es el propósito de las Autodefensas Gaitanistas, porque hay que recordar que sus cabecillas tienen un origen político, incluso pertenecieron a organizaciones como el Epl y otros grupos paramilitares”.
Sin embargo, Giraldo advierte que si el Gobierno no controla el crecimiento de esa estructura armada ilegal, que en algunas zonas del país tiene un importante control social, “esa banda criminal podría estar en condiciones para mejorar un poco las condiciones de sometimiento a la justicia. Ya hay un precedente con los grupos paramilitares y guerrilleros, entonces no es probable que exista un sometimiento como ocurrió con otros narcotraficantes como Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela.
