Si el Congreso no atiende el llamado del Gobierno de aprobar la Ley de Orden Público, en un mes el ejecutivo no podrá emprender diálogos de paz con el Eln.
Pese a haberle puesto mensaje de urgencia a la iniciativa, el legislativo no ha avanzado en esa discusión, y esta semana será decisiva, ya que solo resta un mes para dar los tres debates necesarios.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que este proyecto “tiene una especial importancia, porque está de por medio un posible proceso con el Eln, sobre el que el presidente Iván Duque se ha pronunciado públicamente, afirmando que tiene la mano tendida, siempre y cuando se devuelva a los secuestrados y haya un compromiso de cesar la violencia”.
En este proyecto se proponen varios cambios, en el artículo 6, por ejemplo, se sugiere que las zonas más afectadas por la criminalidad sean declaradas como estratégicas para intervención, y el artículo 8 propone que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional determine cuándo una organización es o no un grupo armado al margen de la ley.
Congresistas de diferentes bancadas respaldaron la iniciativa. Es el caso del senador del Partido Mira Carlos Eduardo Guevara, quien sostuvo que “no más secuestros, ni más atentados terroristas. Este proyecto debe servir para que se realice una paz integral. Me parece una medida positiva la restricción del porte de armas”.
Sin embargo, algunos manifestaron que hay que realizar cambios, ya que han denunciado “micos” en la norma, por lo que durante las últimas dos semanas no se ha logrado el consenso para su aprobación.
De acuerdo con la representante Juanita Goebertus, su preocupación radica en las facultades que le dan al consejo de seguridad nacional, órgano que dirigirá las intervenciones regionales de desarrollo rural, situación que ya está definida en el marco de los acuerdos de paz.
“Ese consejo le quita las funciones a la agencia de renovación territorial, la cual viene coordinando los proyectos de desarrollo e inversión en los 170 municipios que se han afectado más por el conflicto”, enfatizó.
La ministra, por su parte, precisó que la ley no acaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y “se crean unas zonas especiales que están identificadas como resultante del acuerdo de La Habana. Se proponen zonas estratégicas de intervención integral, que obedecen a una lógica de seguridad nacional, es decir, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y de buscar la equidad, a través de programas sociales”.
