En Estados Unidos se presenta un debate jurídico sobre el poder que tienen los gobiernos en los casos relacionados con seguridad cibernética. Todo comenzó cuando el FBI le pidió a la empresa Apple la información del celular de Syed Rizwan Farook, autor de la masacre de San Bernardino, California, en la que murieron 14 personas. Apple se negó, alegando que la entrega de esta información implica desbloquear el teléfono y, por ende, se marcaría un “precedente que amenazaría la seguridad de nuestros clientes”.
En este caso intervino la jueza Sheri Pym, del Tribunal de Distrito de Los Ángeles. Le pidió a Apple colaboración con el FBI, pues en el teléfono móvil del asesino (un iPhone 5C) pueden existir pistas sobre su posible relación con organizaciones...