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Aunque la ley de Amnistía e Indulto es un hecho, a muchos supuestos integrantes de las Farc se les ha negado el beneficio por falta de parámetros para que jueces decidan.
El 31 de diciembre de 2016, el Congreso aprobó la ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos especiales, que, según el Ministerio del Interior, se encargará de “regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos para excombatientes guerrilleros que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y hayan dejado las armas, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles”.
Desde que entró en vigencia la ley, la Fiscalía ha tramitado 278 solicitudes de amnistía, de las cuales se pudo establecer que 192 pertenecen a las Farc, 4 al Eln y 82 aún no se ha logrado una identificación.
Según el ente acusador, de las 192 solicitudes que sí son de las Farc, 52 ya tienen libertad inmediata, 24 han sido negadas y 22 están pendientes de decisión.
Sin embargo, la ejecución de la ley ha tenido varios inconvenientes que impiden la libertad de muchos guerrilleros de las Farc. Uno de los problemas tiene que ver las...