La coca, ¿una guerra perdida?

FOTO RAÚL ARBOLEDA (AFP)
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La guerra contra los cultivos ilícitos, la gasolina de todos los actores armados en Colombia, se está perdiendo y lo dicen los números rojos de erradicación y crecimiento de hectáreas en todas las regiones del país.

Extraoficialmente, se habla que la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp) estaría preparando un informe que dice que en 2017 se incrementó el número de hectáreas a 210.000, con una producción potencial de cocaína de aproximadamente de 920 toneladas métricas. Un incremento del 11% si se compara con las 188.000 hectáreas que calculaba este mismo organismo en 2016.

Pero qué hizo que los cultivos se incrementaran tanto. El presidente Juan Manuel Santos comparó hace algunos años la lucha contra las drogas como el acto de “pedalear una bicicleta estática”, pues decía que el narcotráfico seguía vivo a pesar de todos los esfuerzos. Yesid Reyes, exministro de Justicia de entonces, también lo definió como un acto de “locura”, pues se hacía siempre lo mismo esperando resultados que nunca llegaban. ¿Qué tan efectiva es hoy esta guerra y cuáles son sus mayores desafíos?

Si nos remitimos a las cifras, luego de la prohibición de la aspersión aérea en 2015 por razones de salud y daños al medio ambiente, los números han venido decayendo de manera estrepitosa. Entre 2002 y 2012, fueron los años con las mejores cifras de erradicación de cultivos ilícitos en el país: 1’407.724 hectáreas asperjadas y 446.626 erradicadas manualmente.

Desde ese último año, el mismo en el que comenzaron los diálogos de paz con las Farc, los registros caen a sus peores números. Según cifras de la Ondcp la producción de coca creció hasta un 140% entre 2012 y 2016. A la vez que la aspersión cayó en picada a solo 139.078 hectáreas asperjadas, lo que se hacía en un año. Y la erradicación manual a solo 121.064 hectáreas, lo que se podía hacer en solo dos años, según cifras del Gobierno.

Erradicación de coca, amapola y marihuana en Colombia
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El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló hace poco sobre estos números rojos explicando que la estrategia de solo utilizar la erradicación manual viene arrojando mejores resultados. Afirmó que en 2017 se lograron 52.000 hectáreas erradicadas y este año la meta es de 70.000.

“Entre 2017 y 2018 vamos a erradicar 123 mil hectáreas. Al cierre del 2017 iban 9.000 hectáreas sustituidas y a esta fecha está bordeando ya las 20.000. Entonces si sumamos la voluntaria con lo que se ha hecho, estamos en 80.000 hectáreas. Las cuales tienen que haber reducido el inventario de cultivos a la luz de cualquiera de las mediciones”, indica Villegas.

El funcionario agrega, que contrariamente a lo que se piensa, en los años donde se realizó más aspersión aérea fue donde más creció el stock de cultivos ilícitos. “El avión tenía que pasar tres veces por el mismo cultivo para tener una eficiencia del 60%. Tres veces, a los costos que significa un avión con pilotos, seguro, combustible. Hoy con una sola pasada estamos en el 90% de eficiencia”, afirma.

Y es que durante los últimos 12 años los cultivos que han desaparecido como producto de las fumigaciones, han aparecido en otras zonas del país, y cada vez se concentran más en parques naturales, en cercanías de resguardos indígenas o en regiones fronterizas, donde no se puede asperjar o fumigar.

Cultivos y producción de coca
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Por eso, en mayo del 2017 se inició el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), una estrategia que se desencadena del Acuerdo de Paz y que busca cambiar los cultivos ilícitos por café, cacao y otros productos. Pero que hoy tiene al Gobierno contra las cuerdas.

Los cocaleros asociados en diferentes colectivos, uno de ellos la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) denuncian incumplimiento de lo acordado. Luz Perly Córdoba, líder de la comisión política de la Coccam, enumeró hace pocos días las problemáticas entre ellas el incumplimientos de pagos, problemas con los desembolsos y la no bancarización de los beneficiarios. Además dicen que el programa está desfinanciado, que no se están haciendo nuevas inscripciones y que sus líderes están siendo asesinados.

“Hoy no hay un solo proyecto productivo avanzando en el país. Los campesinos han retirado las plantas dos meses después de haber firmado el acuerdo y las personas se quedaron sin que comer. De qué van a seguir viviendo si están en el último lugar del mundo, sin vías, ni tierras formalizadas”, afirma la líder.

Córdoba agrega que el programa de sustitución está paralizado para nuevos inscritos. “En este momento no han inscrito ni siquiera a la mitad de los pequeños cultivadores. Le dicen que no hay inscripciones porque ya se acabó el dinero. La pregunta es entonces si procede la erradicación cuando no se ha dado la oportunidad a esa gente de ingresar al programa”, agrega Córdoba.

Sustitución vs erradicación

Y es que mientras el Gobierno Nacional avanza con programas como el PNIS, por otro lado el Ejército y la Policía siguen erradicando de manera forzosa, algunas veces en los mismos territorios donde se encuentran campesinos inscritos.

Marcos*, uno de los cultivadores de coca de la vereda El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, dice que aunque ya se encuentran preinscritos al programa no han recibido ningún pago y tampoco asistencia técnica para dejar de cultivar la hoja de coca.

“Desde septiembre del año pasado entramos al programa de sustitución. Todas las veredas firmaron el acuerdo colectivo, pero el Gobierno no ha cumplido con nada. En lo único que cumplió fue que hace 15 días metió al Ejército a erradicar forzosamente, de resto nada más”, contó Marcos.

El pasado jueves el grupo de cultivadores de las veredas San Luis, El Torrente, La Rica, Filadelfia, Organí Alto, Medio y El Aro de Ituango, levantaron un paro que llevaba 15 días y que no tuvo resonancia en los medios nacionales, pero que demuestra una vez más la difícil situación que existe en estas comunidades que están enfrentadas contra la erradicación forzosa.

El dilema está en que luego de los acuerdos de paz los campesinos de las regiones cocaleras comenzaron a sembrar más hectáreas de coca para verse beneficiados con los subsidios del PNIS, que en dos años entrega 36 millones de pesos a los campesinos que cumplan con el programa, algo que incrementó de manera considerable el panorama de los cultivos ilícitos.

Y si a eso se le suma la caída del precio del oro que hizo que los capitales ilegales que estaban en la minería ilegal se trasladaran al cultivo de coca y la devaluación del peso colombiano respecto al dólar, que generó una caída de los ingresos de las redes de mafia, el crecimiento desmesurado de los cultivos ilícitos no para en ninguna región.

Hoy los campesinos no quieren quitar sus cultivos, pues no ganarían lo mismo con lo que el Gobierno les propone. Otros dicen que hasta que el programa no avance no van a arrancar una sola hoja. “No hemos empezado a quitar los cultivos porque nosotros hicimos un compromiso con el Gobierno, que cuando comenzara a darnos proyectos nosotros empezábamos a erradicar. Como ellos no han llegado con nada, nosotros tampoco hemos empezado”, dice Marcos.

Cabe señalar, que los cultivos ilícitos ocupan la novena extensión de tierra más grande del agro en Colombia. Si llega a sumar más de las 210.000 hectáreas, se pone por encima de varios productos que hacen parte de la canasta familiar como el café (903.951), arroz (589.979), plátano (440.186), palma de aceite (430.883), frutas (380.758), maíz amarillo (258.448), yuca (244.172) y caña de azúcar (225.886), según cifras de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Además, según el Observatorio de Droga del Ministerio de Justicia, los cultivos ilícitos tienen un rendimiento por hectárea de 4,8 toneladas por hectárea muy similar al del arroz y muy superior al de cultivos como el café de 1,06 toneladas por hectárea o el cacao 0,5 toneladas por hectárea.

Por eso, para Marcos dejar el cultivo de coca es dejar de percibir un dinero importante con el que mantiene a toda su familia, y le queda un millón de pesos para gastos personales. Para recibir ahora solo 1 millón de pesos, que es lo que le propone el Gobierno como asistencia alimentaria. “Eso no beneficia a una familia que tenga 4 y 5 hijos para darles de estudiar, salud y alimentación”, afirma.

Y aunque es poco y está por debajo de lo que actualmente percibe, el problema de violencia e inseguridad que conlleva tener cultivos ilegales lo hicieron tomar la decisión de implementar el programa en su parcela. El problema ahora es que el Gobierno le cumpla y que al producto de su cultivo se le asegure una compra fija para poder mantener a su familia.

“A uno en tres hectáreas no le da para sembrar café. Por una parte, son hasta tres años que se queda uno aguantando hambre y sin con qué levantar el café. Y por otra parte, si el Gobierno no da las herramientas de trabajo y se pone a traer café de otros países a quién le vamos a trabajar”, se pregunta Marcos.

Marcos hace parte de las 600 personas que viven del cultivo de hoja de coca en las siete veredas de Ituango. “Hace 27 años esta tierra era panelera, cacaotera, cafetera, ganadera y se cultivaba maíz, frijol, arroz. Pero hace 20 años entró a esta plaza los cultivos de coca. En las veredas casi el 100% de las personas tienen su tajito”, reconoce Marcos.

La última de estas veredas está a dos días de camino del casco urbano de Ituango y tienen problemáticas no solo en el tipo de cultivos sino de acceso, pues no tienen como sacar sus productos al mercado, pues vale más transportarlos que hacerlos. Y esa es la promesa que les hacen en el PNIS, infraestructura vial y social para las veredas beneficiadas.

Según estudios de la Fundación Ideas para la Paz en 2017, los municipios afectados por los cultivos: son más pobres que el resto del país (87,3 por ciento de Índice de Pobreza Multidimensional), tienen ingresos tributarios muy limitados, bajos niveles de conectividad (58 por ciento tiene conectividad deficiente) y de desarrollo institucional.

Cifras de la sustitución
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Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, afirma que la inversión que realiza el país en la sustitución es muy grande 36 millones de pesos por persona, (12 en seguridad alimentaria y 24 para proyectos productivos), pero que no se agota ahí. Según él hay otro esfuerzo paralelo que tiene que ver con inversión en el territorio en materia de vías, brigadas de atención en salud, guarderías infantiles, comedores escolares, así como asistencia técnica y crédito.

“En el tema de proyectos productivos somos conscientes que es necesario acelerar y avanzar. Tenemos 16 viveros de cacao y estamos comenzando a construir otros 30. Creamos la Bolsa Nacional de Semillas que está produciendo las semillas para más de 6.000 hectáreas de la sustitución y con la Federación de Cafeteros se están haciendo proyectos en las regiones cafeteras”, afirma.

Según Díaz, a los campesinos que han retirado la coca se les han cumplido con los desembolsos. “La dificultad está en unas muy pocas regiones donde por razones de presencia de grupos armados la verificación que hace Naciones Unidas se ha visto retrasada por amenazas a los propios funcionarios. Estamos buscando soluciones alternas”, dice el funcionario.

Agrega que en poblaciones como Briceño, donde se comprometieron a retirar según Naciones Unidas 552 hectáreas retiraron 547, el 97% de la coca que tenían. “Yo creo que este es el camino”, afirma.

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Pero Díaz advierte que en estos territorios, donde las comunidades han suscrito los acuerdos, no todos los cultivos son de pequeños campesinos. “Ahí hay cultivos también de otros actores que con ellos no hacemos acuerdos” y entra la erradicación forzosa que hace que el conflicto entre estas comunidades y el Estado se agrave.

¿Quiénes son los pequeños cultivadores?

Hay que señalar que el programa PNIS es para pequeños cultivadores con menos de 3,8 hectáreas cultivadas. A ese campesino se le paga la sustitución y no se le abre acción penal, pero a los otros se les persigue y erradica de manera forzosa. Algo que generó que campesinos sembraran en áreas diferentes y que los narcos compraran al “pitufeo”.

Para enfrentar este nuevo escenario que se abría ante sus ojos, el Gobierno Nacional radicó el decreto en el Congreso bajando el área de despenalización de la coca de 3,8 a 1,78 hectáreas. Según el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, con base a un estudio realizado por varias entidades, en el que de manera diferenciada por tipo de cultivo y región se calculó el área necesaria para que una persona alcanzara un ingreso de dos salarios mínimos: 1,78.

Los miles de cultivadores de coca que firmaron los convenios que les permiten cultivar casi el doble de esa extensión ahora se sienten traicionados. Luz Perly Córdoba, de la comisión política de la Coccam, afirma que este proyecto pone en riesgo la implementación del programa pues hasta la fecha un alto porcentaje de las familias manifestaron tener más de 1,78 hectáreas cultivadas.

Según Córdoba, el decreto contraviene los estudios de la Dirección Nacional de Cultivos de Uso Ilícito, que definía como área mínima de siembra de cultivos un máximo de 3,8 hectáreas, por lo que la Coccam se declaró en asamblea permanente hasta que se tumbe el decreto y amenazó con la suspensión de su participación en el programa.

“El escenario para discutir con argumentos es el Congreso. Yo esperaría que los distintos sectores involucrados en el tema, eso incluye a los campesinos de la Coccam, tengan la oportunidad de discutir para que la ley que salga sea la más conveniente para el país”, respondió Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

El asesinato de líderes cocaleros

En medio de todo este caos está creciendo otro problema aún mayor y es el asesinato de los líderes sociales y cocaleros. La Coccam afirma que desde noviembre de 2016 han asesinado 31 de sus miembros.

“Así el Gobierno diga que no tiene nada que ver con su labor comunitaria, creemos que los líderes están en un alto riesgo en los territorios. Y a los que están asesinando los están matando porque están impulsando quitar una economía considerada ilegal y que beneficia a los narcotraficantes y grupos armados. Y el Gobierno no está tomando medidas para proteger a esos líderes por lo que están expuestos a que los asesinen. Se han presentado casos donde toda la comunidad está comprometida por temas de seguridad”, afirma Arnobis Zapata, coordinador de la Coccam en Córdoba.

Según el Gobierno por cada hectárea de coca que se retira, las cadenas de narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año. “Quienes se lucran de ese dinero, que son los narcotraficantes no los campesinos, obviamente ven que se están afectando sus intereses y por eso han asumido esos comportamientos. Tratar de evitar que esto avance. Eso se ha traducido en unos asesinatos infames de algunos líderes que están apoyando el proceso y en amenazas al programa en su conjunto”, reconoce Díaz, director de la Agencia.

Para reducir esta clase de hechos violentos, el Gobierno puso en marcha una estrategia de seguridad en los territorios con el Ministerio de Defensa conocido como el plan Orus y con Estados Unidos un plan a cinco años de cooperación para la erradicación y sustitución. “Son 400 millones de dólares por año que van a seguir fluyendo durante por lo menos cinco años. Eso puede realmente llevar a Colombia a dejar de ser el primer productor de hoja de coca”, afirma el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

En Colombia, hay tres departamentos que siguen liderando el ranking de cultivos ilícitos y son Nariño, Putumayo y Norte de Santander, en toda la frontera con el Ecuador donde actúan las disidencias de las Farc lideradas por “Guacho”, el Clan del Golfo, el Eln, entre otros grupos, concentrando la producción del 63% de toda la coca del país.

En Antioquia, por su parte, las Naciones Unidas indican que 50 de los 125 municipios que conforman el departamento han sido afectados por los cultivos ilícitos. Los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza han tenido presencia de coca. Y los municipios con mayor área afectada en toda la historia son: Anorí, Cáceres, El Bagre, Tarazá, Valdivia y Zaragoza.

Municipios donde el campesino sigue siendo el último eslabón de la cadena, pues los máximos réditos los siguen sacando los narcos que están más cerca del eslabón final, que es el consumidor y que regula el mercado.

El eslabón colombiano

“El último eslabón que es el que produce la plata ya no es colombiano. Entonces usted tiene unas hectáreas mayores de coca, pero el ingreso no es proporcional. Ahora, una tonelada de coca en la frontera con Panamá vale un millón y medio de dólares. En Nueva York vale 30 millones de dólares. En ese eslabón no entra Colombia. Ese eslabón es mexicano, brasileño, gringo, canadiense, asiático y europeo. Entonces por eso el efecto criminal no ha sido proporcional al crecimiento de los cultivos y por eso en el negocio raso la hoja de coca ha tenido un descenso en su precio inmensamente grande”, afirma el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Luego de todo este esfuerzo, la pregunta de fondo es si el Estado tiene la capacidad de transformar e integrar estos territorios afectados por los cultivos, lo cual requiere inversión en bienes públicos para mejorar la calidad de vida de los campesinos y el desarrollo rural. La Fundación Ideas para la Paz en su informe de 2017 criticó el sistema de subsidios que tiene el PNIS pues decía que lo que se creaba eran disputas y otro tipo de intereses que hoy se están manifestando.

“La experiencia internacional muestra que los esfuerzos exitosos son aquellos que han privilegiado el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, la generación de infraestructura para el desarrollo y la creación de cadenas de valor, por encima de los estímulos monetarios directos en contraprestación a la erradicación del cultivo. De hecho, en países como Tailandia, el gobierno optó por detener la erradicación hasta que se generaron condiciones básicas para el sostenimiento de las familias a través de actividades legales”, recomienda el estudio.

El informe concluye en que no basta entonces con que se le dé una asistencia alimentaria mensual a un campesino o que se erradiquen cultivos de manera forzosa, si las personas siguen en terrenos alejados, que no tienen vías, sin asistencia técnica, sin una estrategia de comercialización para sus productos y ni si quiera tiene acceso a los servicios básicos.