El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas, llevaba cinco días huyendo de la justicia hasta que un equipo del CTI de la Fiscalía lo encontró y lo capturó en un modesto hotel en el que se refugiaba en Cartagena, en contraste, con los millonarios gastos e inversiones por los que la Fiscalía lo acusa.
Este, un viejo conocido de los círculos de poder de Barranquilla, fuertemente cuestionado por el sospechoso aumento de sus arcas personales durante los cinco años de su paso de la rectoría, responderá por una serie de negocios que armó con la institución.
De paso, se unirá al grupo de nueve exfuncionarios de la universidad que ya estaban tras la rejas, para responder por un presunto desfalco que llega a los 16 mil millones de pesos de la institución con sede en Barranquilla.
Vargas deberá defenderse de los cargos de enriquecimiento ilícito, corrupción, administración desleal, falsedad documental, concierto para delinquir y estafa.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, en diciembre de 2017, implementó una reforma a un estatuto de la universidad para recaudar dinero en efectivo por “gastos pecuniarios”. De esta forma, y tras pactar con miembros de distintos niveles de la universidad (desde el Consejo Directivo hasta la Tesorería), se desviaron millonarios recursos de los estudiantes, en efectivo.
Al parecer, la entidad habría enviado información manipulada sobre sus estados financieros al Ministerio de Educación, mientras que, por otra parte, estaban vendiendo el patrimonio del alma máter.
Entre los hechos más escandalosos se encuentra el embargo de una porción del polideportivo de la universidad por el incumplimiento del pago de un préstamo por 4.000 millones de pesos, conocido en febrero de este año.
No es la única investigación que enfrenta este hombre, del que se esperaba con su posesión en mayo de 2013 que fuera el punto de inicio de una nueva época para la Universidad Autónoma, después de los años de escándalos de la rectoría de Silvia Gette, viuda del fundador de la universidad, Mario Ceballos.
Aparte de los 16 mil millones por los que fue capturado, también debe responder a las acusaciones por una feria de contratos, de la que su principal beneficiario presuntamente sería un allegado al rector.
Además, ha sido cuestionado por haber comprado en julio de 2017 un inmueble en Miami, Estados Unidos, por valor aproximado a los 3,1 millones de dólares, poco antes de empezar a deberles el pago a funcionarios y profesores.
Estas faltas las habrían cuantificado los propios maestros en 15 mil millones de pesos, en un periodo de un año.
Resta conocer si se castigarán a los culpables por estas líneas de investigación. Vale recordar que el 5 de febrero de este año, el Ministerio de Educación formuló cargos a la Uniautónoma por el retraso en los pagos y designó a un inspector ‘in situ’ para que supervise la gestión.
