La justicia tuvo dos caras en la era Santos

  • La instalación de la JEP fue uno de los puntos altos en la gestión de la justicia en la era Santos.
    La instalación de la JEP fue uno de los puntos altos en la gestión de la justicia en la era Santos.
  • La Corte Suprema de Justicia vivió un terremoto por cuenta del cartel de la toga. FOTOS colprensa
    La Corte Suprema de Justicia vivió un terremoto por cuenta del cartel de la toga. FOTOS colprensa
Por nelson matta colorado | Publicado el 06 de agosto de 2018
6

ministros de Justicia tuvo Santos: Juan Carlos Esguerra, Ruth Stella Correa, Alfonso Gómez Méndez, Yesid Reyes, Jorge Eduardo Londoño y Enrique Gil Botero.

20

magistrados y 4 terceros autorizados (amicus curiae) conforman el Tribunal de JEP.

19,7%

de las personas condenadas reinciden en el delito, en especial en hurto: Fiscalía.

en definitiva

En el mandato de Santos la justicia tuvo dos hitos: la aprobación de la JEP y los escándalos de corrupción en las altas cortes. A su administración le faltaron soluciones para la crisis carcelaria.

En la historia quedará consignado que durante el doble periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018), la justicia atravesó dos momentos críticos.

El primero fue el diseño y construcción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se convirtió en el pulmón del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo. Fruto de ese sistema es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional con la cual se juzgará a los desmovilizados de las Farc.

La aprobación del proyecto se logró entre un camino de espinas, con arduos debates en la mesa de diálogos de La Habana, el Congreso de la República y hasta las urnas, en las que la población castigó al Gobierno con el plebiscito, en gran parte porque la gente objetó los beneficios de la JEP para los insurgentes.

El segundo momento crítico lo constituyeron escándalos de corrupción judicial que salpicaron a magistrados de las altas cortes, funcionarios de la Fiscalía y congresistas, en lo que el país ha conocido como el Cartel de la Toga.

En la era Santos hubo también un cambio en la percepción del trato que la justicia debe darles a los campesinos que cultivan estupefacientes y a sus consumidores, un tema que por décadas ha sido tabú en el país. El mandatario saliente consideró que la visión punitiva estaba desgastada y promovió en instancias internacionales un enfoque diferenciado para cada actor de la cadena del narcotráfico.

Así, mientras los adictos serán tratados como pacientes, los sembradores esperan programas para insertarse en la economía legal. Quienes cosechan marihuana, por ejemplo, ya pueden aspirar a licencias de operación, siempre y cuando sea para fines científicos y medicinales.

En contraposición, un aspecto en el que poco se avanzó fue en el de la crisis carcelaria. El hacinamiento no solo desbordó las prisiones, sino que se trasladó a estaciones de Policía, sedes de la Fiscalía y de juzgados, en los que los detenidos padecen deplorables condiciones de albergue.

LAS TAREAS PENDIENTES EN EL PAÍS

1.Para las mujeres

Según las propuestas del próximo mandatario, Iván Duque, consignadas en su página web oficial, la justicia tendrá enfoque de género: “vamos a garantizar la diligencia para investigar a cada responsable de violencia contra las mujeres”.

2. Ojo a contratación

El presidente electo propone que “los criterios para contratación directa serán limitados y de aplicación estricta”. Eso se complementaría con “muerte comercial” a empresarios e intermediarios que sobornen, impidiéndoles contratar con el Estado.

3. Contra corruptos

“Funcionarios que reciban sobornos perderán todos sus privilegios”, fue una promesa de campaña de Duque. Propone que servidores públicos implicados en corrupción vayan a cárceles, sin beneficios de detención domiciliaria.

4. Entes de control

Hay que aumentar la independencia de entes de control (superintendencias). Duque plantea la “muralla china” entre poderes, para que familiares de magistrados o congresistas que nominaron candidatos a entes de control, no sean nombrados en estos.

5. Cadena perpetua

En Colombia no existe la cadena perpetua, pues la pena máxima contemplada en la Ley vigente es de 60 años de prisión; sin embargo, Iván Duque propone instaurarla para los violadores y asesinos de menores de edad.

LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE

1. Reforma a justicia

Pese a tener la bancada mayoritaria en el Congreso, Santos no logró una efectiva reforma a la justicia. Quedan en el tintero temas como la independencia de poderes, la congestión judicial y la delimitación de funciones de los magistrados.

2. Plan de extradición

La extradición es efectiva para evitar que capos encarcelados sigan delinquiendo, como sucede en Medellín. Según Minjusticia, en el último año aprobaron 169 extradiciones y hay 118 pendientes, entre ellas la del exguerrillero Jesús Santrich.

3. Pleitos al estado

En la actualidad el Estado enfrenta 1.100 demandas jurídicas, que están pendientes de fallo. Las pretensiones en contra de la Nación superan los $4 billones 600.000 millones. De perder estas demandas, se vería afectado el presupuesto estatal.

4. Cupos en carceles

Al nuevo Gobierno le tocará lidiar con el hacinamiento carcelario. Deberá terminar la colonia agrícola de Yarumal (Antioquia) y otros proyectos pendientes en Buga, Girón e Ipiales, con lo que se podrían crear 3.380 cupos nuevos para los detenidos.

5. Política antidrogas

Además del creciente consumo interno, queda pendiente implementar la política que da trato diferencial a campesinos cultivadores y consumidores. Y desarrollar normas para el uso medicinal y científico de marihuana, para lo cual ya se expidieron 33 licencias.

Contexto de la Noticia

el hecho

Uno de los episodios más oscuros de la justicia colombiana en toda su historia sucedió en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos y es conocido como el Cartel de la Toga. Políticos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hasta el director anticorrupción de la Fiscalía terminaron implicados en una trama de corrupción, que consiste en la gestión y pago de sobornos para torcer procesos judiciales en favor de los personajes investigados. El caso de destapó en 2017 por una investigación del Gobierno de EE.UU., que compartió las pruebas con sus pares de Colombia.

la polémica

El caso Odebrecht puso en la mira de la justicia a varias dependencias del Gobierno, como MinTransporte y la Agencia Nacional de Infraestructura. El presidente de esta última, Luis Andrade, fue imputado por interés indebido en contratos (hechos de 2014). También arrestaron al empresario Roberto Prieto, quien gerenció las dos campañas presidenciales de Santos. La Fiscalía lo señala de recibir dinero de la multinacional por la adjudicación de contratos, y Prieto dijo que la compañía aportó plata para la campaña de Santos en 2010. El mandatario respondió: “no tuve conocimiento de esas gestiones”.

el éxito

Uno de los triunfos más grandes de su gestión es el Acuerdo de Paz con las Farc, y en particular, el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de la implementación jurídica más importante de la última década, que creó un sistema punitivo particular, con sus propios jueces, salas e instancias. Según el Minjusticia, hasta el momento se han presentado 46 normas para la implementación del Acuerdo Final, unas aprobadas y otras pendientes de revisión por parte de la Corte Constitucional, entre ellas la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales”.

Entre los éxitos también puede incluirse la aprobación de la Ley 1908 de 2018, para la sujeción a la justicia de organizaciones criminales. Esta norma crea un marco jurídico (que no existía) para el desarme colectivo de grupos armados organizados, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

la deuda

Durante el gobierno de Santos la crisis de hacinamiento carcelario llegó a altísimos niveles, sin que las entidades encargadas pudieran lograr resultados de fondo. En la actualidad, de acuerdo con datos del Inpec, el índice de hacinamiento está en un 47.22%, lo que implica que hay una sobrepoblación carcelaria de 38.091 personas (la capacidad general es de 80.660 y hay 118.751 presos). En 116 de las 135 prisiones administradas por el Inpec hay afectaciones por la desbordante aglomeración de individuos, siendo el caso más grave el de la cárcel de Riohacha, donde el índice de hacinamiento alcanza el 371%.

A esto se suma el deficiente control de la delincuencia intramural y fallas en el proceso de resocialización. En ciudades como Medellín, el crimen organizado es dirigido por cabecillas encarcelados, situación que ha sido denunciada por la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía, sin que hasta ahora haya un plan de contingencia efectivo.

el presupuesto

Según los registros públicos del Ministerio, entre 2013 y 2018 el sector Justicia tuvo una asignación presupuestal cercana a los $15,6 billones. Ese sector no solo está conformado por el Ministerio, sino también por la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). El año con la mayor partida presupuestal fue 2017, con $2,8 billones; en ese momento comenzaba el posconflicto con las Farc. En el presente año, la asignación fue de $2,5 billones.

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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