Aunque la ley que dejó lista el gobierno de Juan Manuel Santos para lograr la sujeción a la justicia de los miembros de los Grupos Armados Organizados (GAO) y de los Grupos Delictivos Organizados (GDO) esperaba que los hombres al mando de alias “Otoniel”, del Clan del Golfo, y de otras estructuras criminales como “La Oficina” pudieran llegar de una vez por todas a la justicia, en los corrillos de abogados se rumora que “no sirve para nada”.
El asunto parece lógico, la reducción de penas es apenas de hasta el 50 % para quienes se sometan voluntariamente y de manera colectiva a la justicia, lo mismo a lo que cualquier ciudadano tiene derecho si se allana a los cargos en la audiencia de formulación e imputación, y si los delitos son de lesa humanidad el descuento en la sentencia será de máximo el 30 %.
Y eso sin contar las posibilidades que tiene un ciudadano cualquiera de hacer preacuerdos con la Fiscalía en el cual la pena puede reducirse hasta un sexto del mínimo que impone el Código Penal...