La protesta social, una tarea que le viene a Duque

  • Los maestros paralizaron el país varias veces exigiendo, entre otras cosas, nivelación salarial. En la fotografía aparece una de las marchas que realizaron en el centro de Medellín. FOTO Róbinson sáenz
    Los maestros paralizaron el país varias veces exigiendo, entre otras cosas, nivelación salarial. En la fotografía aparece una de las marchas que realizaron en el centro de Medellín. FOTO Róbinson sáenz
Por Eduardo Bonces | Publicado el 19 de julio de 2018
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paros dejaron los ocho años de gobierno del presidente saliente Juan Manuel Santos.

en definitiva

El gobierno deberá enfocar sus baterías en la solución de los reclamos sociales, antes de que estos estallen en forma de manifestación. Son muchos los sectores que aún están inconformes.

Fue una de las primeras declaraciones del recién nombrado ministro de Defensa, Guillermo Botero, “respetamos la protesta social pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”.

Esto como antesala de una norma que seguramente será debatida en el Congreso, pues afirmó que “el próximo gobierno podrá realizar grandes avances si logra promover una ley que camine en ese sentido”, en síntesis, Botero propone reglamentar las protestas.

Las críticas se hicieron evidentes. Sindicatos, agremiaciones y sectores políticos de oposición rechazaron lo que consideran “represión a las luchas sociales”. Botero se ampara en que en el último mandato los paros crecieron el 60%, paralizando ciudades y en ocasiones el país.

Este será uno de los temas que tendrá que enfrentar el gobierno Duque, y no se trata solo del Ministerio de Defensa. Las protestas abarcan ocho sectores, entre ellos: los educadores, los transportadores de carga y los agricultores.

Si bien, el gobierno manejó las crisis a través del diálogo, varios sectores continúan insatisfechos y es probable que tomen vías de hecho para hacer sus reclamos. Los docentes ya tienen programado un día para el 25 de julio. Debido a esta situación el nuevo gobierno deberá cuidarse del reclamo social y atender las necesidades de los distintos sectores para no verse en calzas prietas como su predecesor.

Según el experto en políticas públicas de la Universidad Externado, Gonzalo Ordóñez, hay paros que se pueden evitar, otros no: “los segundos son los más complicados porque hacen más parte de un trabajo de oposición política que de un reclamo social. Así que, por más que el gobierno tenga herramientas para tratar de evitarlos, es imposible”.

Agrega que hay mecanismos de evaluación “que permiten hacer seguimiento a los compromisos. Es decir, el gobierno debe mostrar resultados anticipándose a las manifestaciones Hay indicadores, mediciones, estudios que tienen ese objetivo. Sin embargo, eso aún no se ha implementado en la gestión pública”.

No obstante, es una realidad que para solucionar los paros se necesitan recursos y según José Fernando Bedoya, profesor de la facultad de Gobierno del Externado, las peticiones de los sectores se atienden con presupuesto. “Sin embargo, está cada vez más restringido debido a los compromisos relacionados con deuda pública, vigencias futuras, gasto social y pensional”.

Este fue un dolor de cabeza para el presidente Santos quien incluso llegó a reconocer que dio “papaya” cuando aseguro que “el tal paro no existe”, haciendo referencia a la protesta agrícola. El Código de Policía ya plantea medidas restrictivas. Pero, como plantea Botero, saldrán más normas .

Contexto de la Noticia

los educadores

Desde 2014 casi una vez al año, los maestros pararon actividades para exigir tres cosas: garantías en la evaluación docente, nivelación salarial y mejora en el sistema de salud. Las han enfrentado tres ministras: María Fernanda Campo, Gina Parody y Yaneth Giha, e incluso ha tenido que intervenir el MinHacienda, Mauricio Cárdenas. El Gobierno, para conjurar las crisis, ha hecho concesiones, en 2015 se acordó un plan de nivelación salarial y mejora en la prestación de servicios de salud. Además, compromisos para elegir un nuevo modelo de evaluación. Sin embargo, en los tres años siguientes pararon en los meses de abril y mayo para exigir el cumplimiento. Según el Ministerio de Educación se está avanzando “de los 24 puntos del acuerdo, 8 ya están cumplidos, 8 están en proceso y otros 8 son más profundos y están siendo revisados. Así mismo, señalan, han cumplido con la nivelación salarial: 1 punto en 2014 y 2015, 2 puntos en 2016 y 2017 y 3 puntos en 2018 y 2019, en 2020 y 2021 la nivelación dependerá de las vigencias futuras”.

en el pacífico

El 2017 fue un año crítico en el que los habitantes del pacífico protestaron por la inseguridad y el olvido estatal. El primer paro se hizo en mayo en Chocó debido a que la población reclamaba, entre otras cosas, la recuperación de las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín. El Estado tiene hasta el 2022 para cumplir. A principio de 2018, el Invías, comenzó a trabajar en las carreteras que ya tienen cerca de 500.000 millones de pesos asignados. Luego, en junio, Buenaventura se paralizó. Sus habitantes exigían alcantarillado, reapertura del hospital, sedes educativas, y presencia estatal para contrarrestar la influencia de grupos ilegales. El paro estuvo marcado por las protestas violentas que incluyeron saqueos y disturbios. La manifestación se conjuró con la promesa de crear un patrimonio autónomo con el cual se financiarían obras. Según Víctor Vidal, líder del paro cívico, los diálogos con el gobierno se mantienen, los compromisos están respaldados con la ley 1872 de 2017. “Aspirábamos a que las obras estuvieran al final del año al menos en 60% pero eso no ha sido así”.

Los transportadores

El sector transportador paró cinco veces desde el 2011. Tres protestas fueron adelantadas por los camioneros y dos por taxistas. Los primeros protestaban por la ineficiencia en la chatarrización y por el cambio en las tablas de fletes (con la que se regulan los precios de las cargas). Los segundos por la llegada de Uber. Pese a que los compromisos con los camioneros se instauraron en 2011 los transportadores, hasta el 2016, continuaron reclamando, el 22 de julio de 2017 fue el último paro. El compromiso adquirido fue eliminar las tablas y hacer el pago de carga y descarga a través de un sistema más competitivo. El gobierno se comprometió a ejecutar la totalidad de recursos de chatarrización y concertar el precio de los peajes. La manifestación, que duró 16 días, según los gremios, dejó pérdidas de $2.6 billones. Por otro lado, en el paro de los taxistas se vivió caos casi en todas las ciudades. El Gobierno lo conjuró con el compromiso de emitir un decreto para reglamentar las plataformas pero MinTIC asegura que no se puede desmontar la plataforma Uber, ni impedir su operación.

las dignidades agrícolas

En 2013 comenzó con una protesta en el Catatumbo, Norte de Santander, y se extendió a todas las regiones, las dignidades (Cebollera, Papera, Cafetera) empezaron a hacer evidentes los reclamos. Ante la declaración del presidente Juan Manuel santos de que “el tal paro no existe”, el bloqueo de las vías fue una de las estrategias para llamar la atención. Los agricultores exigían mejores de precios, educación, salud, vivienda y servicios públicos. Además, subsidios para agroinsumos. Los campesinos se volvieron a alzar en paro en los años 2014 y 2016. Según el líder agrario Walter Benavides, “nosotros seguimos exigiendo mejorar la producción del sector agrario y priorizar la producción nacional, es un poco complejo porque el Gobierno debe tomar medidas que no permitan la desventaja frente a la importación de alimentos como se plantea con los TLC”. Según el Ministerio de Agricultura, el sector se ha convertido en uno de los impulsores de la economía con un crecimiento del PIB que llegó hasta 6,5%. En los últimos ocho años, generaron 290.000 empleos y sacaron de la pobreza a 1,6 millones de personas.

La rama judicial

Los sindicatos aglomerados en Asonal Judicial pararon tres veces entre el 2012 y el 2017. Los reclamos, eran nivelación salarial, instaurar medidas que permitieran descongestión judicial. En el último capítulo del paro las negociaciones terminaron luego de 73 días. Según Fredy Machado miembro de Asonal Judicial, “lo que exigimos fue que se nos redujera la carga laboral porque en este momento un juez tiene 2 mil procesos o más. Creemos que una cantidad razonable serían 125 ó 200. Cada juez está haciendo el trabajo de 5 y eso no se puede sostener”. Agregó que el gobierno no ha cumplido los compromisos “existe una deuda con los judiciales, tenemos un presupuesto limitado. El actual presidente se la jugó en materia de presupuesto para la JEP y le dio la espalda a la justicia ordinaria”. La realidad es que los paros se juntaban con la vacancia judicial y esa rama quedaba paralizada pues solo prestaban servicios urgentes lo que afectó 137.821 procesos y obligó al aplazamiento de al menos 26.621 audiencias. Hasta tres meses se congelaron los tribunales.

el Inpec y el hacinamiento

Casi 100 días duró el paro del Inpec en 2014, las medidas adoptadas por el gobierno para superar la crisis fueron insuficientes. El sindicato casi vuelve a parar denunciando que más allá de los problemas de hacinamiento la cantidad de guardianes no era suficiente. El Ministerio de Justicia asegura que se logró un acuerdo con los manifestantes para presentar dos proyectos de ley: “uno que permita la ampliación del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. El segundo que incluya un seguro de vida para todos los trabajadores que integran esta planta”.

Según datos de la cartera, el proyecto de ley de ampliación de la planta del Inpec ya fue aprobado en el Congreso. Sin embargo, el segundo se está preparando y queda en manos del próximo Gobierno. Así mismo, la cartera, junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se comprometió a poner en marcha la Ley de Adición Presupuestal de 2017 por 70 mil millones. El problema más complejo, que no se le ve solución pronta, es el hacinamiento que supera el 50 %.

paros armados

En exhibiciones de poderío militar y control territorial, los grupos ilegales le hicieron varios paros al gobierno Santos. El último lo hizo el Eln en el Catatumbo. Ya se había presentado una declaración similar, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) entre el 10 y el 13 de febrero, cuando se registraron 16 acciones violentas en Arauca (5), Cesar (4), Antioquia (3), Norte de Santander (2) Cauca (1), y Nariño(1). Según el experto en seguridad John Marulanda cuando un paro tiene la participación de actores armados es necesario que intervenga la Fuerza Oública para garantizar la seguridad.

“El problema es que cuando los paros se vuelven armados lo que hay es un desorden social y una inseguridad de las comunidades, por lo que el gobierno debe actuar severamente con toques de queda controles comunitarios de transito y otras medidas restrictivas que permitan preservar el orden”, dijo. En estos casos el Gobierno nacional advirtió que no los iba a permitir, pero, finalmente, los grupos lograron paralizar las regiones.

el sector aéreo

El paro de pilotos de Avianca, vinculados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), duró 51 días, y se denominó como el más largo de la historia del sector. Inició el 20 de septiembre del año pasado por cuenta de unas inconsistencias que el sindicato consideraba existían en la contratación laboral de la aerolínea, la cual concentra la mayor operación de pasajeros del país. Justo ayer la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia de ilegalidad de la huelga al confirmar la improcedencia de una tutela instaurada por el sindicato. Durante el proceso se debatió sobre el servicio de transporte aéreo como uno “esencial” y también las condiciones de los pilotos con base en Colombia frente al resto del mundo con un trato que fue catalogado no solo como discrecional, sino que vulneraba los Derechos Humanos. “Según la providencia, ni el Tribunal Superior de Bogotá ni la Sala de Casación Laboral, en su condición de Tribunal de Cierre de dicha especialidad, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, asociación sindical, no discriminación o acceso a la administración de justicia”, se explicó en un comunicado publicado por la Corte.

Eduardo Bonces

Periodista y Comunicador Social de la Universidad Externado con estudios en Filosofía. Los periodistas somos notarios de la actualidad que adornamos los hechos con palabras.

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