El asesinato de los líderes sociales Felicinda Santamaría en el departamento del Chocó y Luis Barrios en el Atlántico, en las últimas 48 horas, sumió en angustia a los defensores de Derechos Humanos que ven como en el país morir puede ser el resultado de su labor en favor de comunidades vulnerables.
La muerte violenta de estas personas viene en aumento y según el informe “Todos los nombres todos los rostros” presentado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), a mayo de 2018, fueron asesinados en Colombia 98 líderes sociales (en el 2017 en el mismo periodo iban 77) que se suman a las muertes de Felicinda Santamaría y Luis Barrios.
Este panorama toma un tinte más oscuro cuando la Defensoría del Pueblo muestra sus datos: entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 murieron a manos de violentos 311 líderes y defensores de derechos humanos.
Gloria Rosa Mena, presidenta de la Federación Comunal de Chocó, indicó que se sienten solos, no cuentan con apoyo “y estamos tratando que todos se vinculen a una mesa de seguridad para los líderes comunales y sociales”.
¿Por qué los matan?
Las razones de los homicidios de los líderes sociales sigue siendo una incógnita. El Gobierno en varias ocasiones se ha negado a aceptar que son hechos sistemáticos, pero desde las regiones aseveran que los están matando por el trabajo que desarrollan.
En el informe de Indepaz se registró que entre las diversas causas de los asesinatos “está la disputa territorial por el control económico, político y social tras el vacío que se presentó con la reincorporación de Farc a la vida civil, y ante la incapacidad del Estado de llegar a los mismos”.
Las razones que expone Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado y asesor de la red Prodepaz, incluyen el trabajo social de estas personas y otros factores como el hecho de pensar distinto.
“Los matan porque su forma de pensar va en contravía del narcotráfico, porque rechazan la minería ilegal, porque apoyan la restitución de tierras. Es un hecho sistemático”, agrega Celis.
Los motivos expuestos por Kenneth Burbano, director Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, apuntan a que la degradación del conflicto armado y la polarización política que se vive en Colombia exacerban el odio contra los líderes sociales y terminan en el asesinato de ellos.
“No cabe duda que se trata de planes, de orquestaciones de homicidios que son selectivos; no se trata de situaciones aisladas y están vinculadas con una razón de ser: son líderes sociales, defensores de derechos humanos de las comunidades; además, también los asesinan para mantener la guerra y la zozobra y que estas personas no ejerzan la reivindicación de los bienes esenciales para tener una vida digna”, explicó el docente universitario.
Para el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, estos homicidios se asemejan al exterminio vivido por la Unión Patriótica, “no por ser un grupo con afinidades políticas, sino por dar muerte a un colectivo con intereses comunes como la defensa de derechos”.
Ante la preocupación y petición de protección de los líderes, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, rechazó el asesinato y dijo ayer: “empezamos a implementar el modelo de protección colectiva para protegerlos”, el cual cuenta con medidas integrales de protección, prevención y seguridad.
Aún así, desde los territorios los líderes reclaman presencia estatal y cero olvido para que su tarea diaria de procurar un mundo mejor no se les convierta en un camino que los lleve a la muerte.
