La Procuraduría General de la Nación envió una carta el Ministerio de Justicia y al Inpec, en la que se solicita que se definan criterios claros para enfrentar de una buena vez la crisis carcelaria que enfrenta el país.
La Procuraduría Delegada para la Función Preventiva exigió al ministro Jorge Eduardo Londoño que atienda el llamado para hacer unas mesas de trabajo, a fin de garantizar el derecho a la salud que deben tener los internos en el país.
La procuradora Delegada, Fanny González, extendió el llamado de atención al director del Inpec, general Jorge Luis Rodríguez, por su ausencia en las mesas de trabajo que habían sido convocadas para determinar presuntas inconsistencias en el servicio de brazaletes electrónicos para quienes tienen prisión domiciliaria.
González señaló que es de carácter urgente que el Inpec defina los lineamientos para el proceso licitatorio de la contratación de los brazaletes electrónicos, pues dicho contrato está próximo a vencerse.
“Es indispensable tener la absoluta claridad acerca de la descripción de la totalidad de las necesidades que se pretenden satisfacer con el objeto del contrato y que estas se reflejen en obligaciones exigibles durante la ejecución del mismo”, aseguró la entidad.
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