El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional a indemnizar a los padres de Diego Felipe Becerra, por los perjuicios causados con la muerte del entonces menor de edad, fallecido en 2011.
El despacho le ordenó al Estado a pagar 100 salarios mínimos legales vigentes a la madre de Becerra, Liliana Lizarazo; igualmente, la misma suma al padrastro Gustavo Trejos, quienes fueron avalados por el juzgado como padres de crianza de Becerra.
“La difusión de la muerte de Diego Felipe Becerra en principio por parte de la Policía Nacional ante los medios de comunicación fue la de un delincuente abatido en persecución, lo que permite demostrar la afectación al buen nombre del joven Diego Felipe Becerra ante su comunidad, que no puede ser reparado con el pago de dinero como se señaló en líneas precitadas, pero sobre el cual debe pronunciarse en juez administrativo, en cumplimiento de la reparación integral”, señala el fallo.
Para el juzgado hay certeza, que para la época de los hechos los integrantes de la Policía no actuaron en defensa propia, y el arma de fuego que le causó la muerte a Becerra habría sido “activada injustificadamente”, y posteriormente se “pretendió ocultar el actuar irregular, alterando la escena de los hechos”.
En ese sentido, el despacho indica que el patrullero de la Policía, Wilmer Alarcón - presunto agresor- estaba al servicio de dicha institución, por lo que la entidad “debe responder extracontractualmente por la falla del servicio de funcionarios”.
Diego Felipe Becerra falleció el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá. Inicialmente las versiones de los uniformados implicados indicaban que el joven había atracado un bus y los disparos se habían presentado durante la acción policial. Versión que ha venido siendo discutida en los estrados judiciales.
A la fecha hay 12 miembros de la Policía Nacional implicados en el proceso, quienes son señalados por diferentes delitos por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de Becerra.
Este año se produjeron las dos primeras condenas contra integrantes de la Policía por este caso, y Nelson Rodríguez y Freddy Navarrete, expatrulleros de Policía, involucrados en la presunta alteración de la escena del crimen, fueron sentenciados, luego de que se aprobara un principio de oportunidad.
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