Ya 28 compañías han manifestado interés en invertir un porcentaje de sus impuestos de renta en proyectos de infraestructura para suministro de agua, alcantarillado, energía, salud, educación, y la construcción de vías en zonas que han sufrido el conflicto armado. Así el país avanza en el programa Obras por Impuestos, que consiste en que las empresas cuyos ingresos brutos sean superiores a 1.071 millones de pesos puedan invertir en las Zomac.
Bajo la coordinación de Manuel Lascarro, director general de Asocreto, empresarios de los sectores de alimentos, bebidas, seguros, bancos, revisoría fiscal, cementeras, empresas de saneamiento básico, abogados, mineras y petroleras han colaborado en la reglamentación del programa y a determinar en qué proyectos quieren participar.
La primera que se concreta es la pavimentación de la vía que de la vereda Escarralao, en Zaragoza, conduce a El Bagre (en Antioquia), que sería financiada con impuestos de el Grupo Mineros S.A. para lo cual firmó un acta de intención con la Gobernación de Antioquia.
El Bajo Cauca es la zona de influencia de esa empresa minera, y serán más de 50.000 personas las beneficiadas con esta vía, quienes podrán disfrutar de más seguridad, tiempo y conectividad.
El gobernador del departamento, Luis Pérez, celebró que el mandatario haya pensado en este tipo de proyectos que llevan desarrollo a los lugares donde el Estado no ha podido llegar.
Además del Grupo Mineros, Cemex ha manifestado públicamente su interés en realizar obras por impuestos.
Los recursos rinden más
El presidente Juan Manuel Santos explicó que, por ejemplo, “un empresario que tenga a cargo $200 millones de impuesto de renta se le permitirá financiar obras hasta por un valor del 50%. Esta política ha mostrado resultados satisfactorios para mejorar la ejecución y la calidad de los proyectos de infraestructura en otros países como Perú, donde se ha venido implementándose desde el año 2008”.
El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, explicó que habrá un banco de proyectos priorizados por la Agencia para la Renovación del Territorio, que incluso pueden ser propuestos por las empresas, una vez viabilizados podrá iniciar la financiación. Con esta inversión privada, aclaro el consejero, se logra que las obras se hagan más rápido, más eficientemente, sin corrupción y en regiones que más lo necesitan.
Lascarro aseveró que el banco de proyectos propuestos por alcaldes, gobernadores y ministerios estará listo el 31 de diciembre, que son cerca de 124 priorizados. Hasta el 15 de enero se recibirán los primeros proyectos de iniciativa privada.
El dirigente gremial explicó que para el 31 de marzo deberían estar asignados los proyectos que cumplan con todos los requisitos y que en mayo empezarían obras.
Todas las construcciones son contratadas directamente por las empresas, quienes se responsabilizan por los proyectos y las garantías. “Una compañía se puede limitar a pagar impuestos a la DIAN o pagarlos haciendo obras, es decir, echarse al hombro los proyectos. Es una forma de aprovechar la capacidad del sector privado para el manejo de los recursos y de los tiempos de ejecución”, concluyó Lascarro.
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