Uno de los puntos más polémicos sobre los que se centró la atención en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, fue la desvinculación de la totalidad de los menores de edad de las filas guerrilleras y, por esa vía, por primera vez un organismo multilateral reconoció que el grupo guerrillero no entregó a todos los niños que estaban en sus filas al momento de la dejación de armas, para restablecerles sus derechos.
Así como lo denunció EL COLOMBIANO, el 18 de octubre de 2016, con el artículo “De Farc estarían saliendo menores a cuenta gotas y sin registro”, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), explicó en su informe anual que antes de la entrega de 135 menores de edad, realizada con el acompañamiento de Unicef, recibió información sobre la desvinculación informal de niños en Cauca, Caquetá y Meta.
“Aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción mas recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia”, señala el documento.
De acuerdo con Luz Alcira Granada, de Save the Children (organización que lucha por los derechos de los niños), muchos de estos pequeños no pudieron pasar por el proceso de restablecimiento de derechos, las comunidades no estaban preparadas para recibirlos y no tuvieron el acompañamiento psicosocial necesario para disfrutar de lo que les queda de infancia.
Además, dice la experta, llegaban muy desubicados a la vida civil y se convirtieron en carne de cañón para nuevos grupos armados ilegales presentes en los territorios.
La OACNUDH agregó que tuvo noticias de sus agentes en terreno acerca de que el reclutamiento ilícito de menores de edad se siguió presentando por otros actores ilegales en zonas que en el pasado fueron dominadas por las Farc, especialmente el Eln y organizaciones criminales.
Según el Gobierno Nacional el fenómeno de reclutamiento forzado de menores de edad ha disminuido y en gran parte es gracias al acuerdo con las Farc. Según Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, en 2013 se registraron 279 casos, 50 en 2016 y 31 en 2017, lo que representa un descenso del 89%.
Ejecuciones extrajudiciales
El alto Comisionado de la ONU también llamó la atención sobre once casos de ejecuciones extrajudiciales documentados durante el año pasado, ocurridos en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.
“Cinco fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales. Otros tres casos presuntamente ocurrieron durante operaciones militares en contra del Eln. Tres más están relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza durante procedimientos policiales de rutina”, señaló el informe.
Según ese organismo, ocho casos fueron cometidos, al parecer, por miembros del Ejército y tres por la Policía, y no es algo nuevo, en 2016 también se presentaron varios casos.
De acuerdo con OACNUDH, “entre los factores que contribuyen a la ocurrencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentra la posible falta de mando y control por parte de comandantes de Policía y de Fuerzas Armadas, así como la falta de planificación de las operaciones y la ausencia de disciplina táctica, contribuyendo lo anterior a la persistencia de estas violaciones de derechos humanos”.
Al respecto, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), explicó que en muchas oportunidades se abren denuncias sin pruebas sobre hechos en los que presuntamente la Fuerza Pública se extralimitó, pero con el tiempo esos oficiales quedan libres por falta de material probatorio.
“Estos son señalamientos que hacen quedar muy mal a organizaciones como la ONU”, expresó el oficial retirado.
La oficina de la ONU recomendó al Estado fortalecer la capacidad operativa de las instituciones civiles en zonas rurales con el fin de evitar que las fuerzas armadas desempeñen funciones por fuera de su ámbito de responsabilidad.
De acuerdo con el general, en el combate, cuando el blanco es legítimo también lo es el uso de la fuerza, “pero la extrema izquierda dice que fue exceso de la fuerza, para ellos todo son excesos, son detractores permanentes”.
Sin embargo, el documento de la ONU dice que “algunos políticos han solicitado que se involucren a los militares en tareas ajenas a su mandato, ya que son una de las pocas instituciones estatales que tienen capacidad operativa en las antiguas zonas de conflicto”, bajo el supuesto de que esto implica su participación en situaciones en las que la formación y disciplina militar no son adecuadas y produciendo distorsiones en sus relaciones con otras autoridades estatales, especialmente las autoridades locales y la Policía, generando dependencia y en ocasiones incluso subordinación del poder civil al poder militar.
Para ambas denuncias, EL COLOMBIANO consultó a las Farc en el tema del reclutamiento y al Ministerio de Defensa para hablar de los “falsos positivos” pero no hubo respuesta.
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Ejecuciones extrajudiciales se presentaron en Colombia en 2017, segón la OACNUDH.
