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Así sería la ley para someter a las bandas del país
EL COLOMBIANO tuvo acceso al borrador del proyecto de ley que estudian el MinJusticia y la Fiscalía, y que ayudaría a desmontar al “Clan del Golfo”.
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Así fue el sometimiento a la justicia de 12 integrantes del “Clan del Golfo” en 2015, en Roldanillo, Valle del Cauca. FOTO cortesía policía -
Esta es la portada del boceto del proyecto de ley para el sometimiento a la justicia del crimen organizado. FOTO cortesía
La posibilidad de reclusión en cárceles de baja seguridad, programas de reinserción para miembros de las bandas y un fondo económico para resarcir a las víctimas, forman parte de las innovaciones que contemplaría el proyecto de ley con el que el Gobierno Nacional pretende desmantelar las estructuras de crimen organizado.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al boceto del proyecto, liderado por el Ministerio de Justicia, que actualmente discuten representantes de esa cartera y de la Fiscalía General de la Nación, con miras a confeccionar un único texto que será presentado al Congreso.
Fuentes cercanas a ese proceso, bajo reserva de identidad, indicaron a EL COLOMBIANO que las discusiones vienen desde el año pasado, para encontrar las vías jurídicas más efectivas, sin violar el marco de la justicia ordinaria.
Por parte de la Fiscalía, el plan es redactar una ley para la persecución del crimen organizado, mientras que el enfoque del Gobierno apunta a facilitar un sometimiento.
El proyecto de ley, guiado por Minjusticia, “Por el cual se dictan normas relacionadas con el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados”, pretende reglamentar las disposiciones que sobre ese tema quedaron en el Acuerdo de Paz con las Farc.
Aunque en varios incisos del pacto de La Habana se habla de la necesidad de desmantelar al crimen organizado, por considerarlo una amenaza para la implementación del Acuerdo y el posconflicto, es el punto 3.4.13 (titulado “Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”) el que versa específicamente sobre el proyecto de ley que debe promover el Gobierno.
“Para ambas partes de la mesa de negociación, el tema del crimen organizado constituyó un elemento central para la construcción del Acuerdo de paz, por esta razón se convino como un objetivo conjunto el desmantelamiento de cualquier actor armado que ponga en riesgo lo acordado”, recuerda el boceto, en la parte de Exposición de Motivos.
El contenido en estudio
El proyecto de ley, que todavía está bajo análisis, consta de siete capítulos y una Exposición de Motivos, que incluye los antecedentes de decretos que buscaron someter al crimen organizado (la mayoría relacionados con el combate a los antiguos carteles de narcotráfico) y un panorama de la situación actual en materia de grupos armados y sus efectos en la población.
A continuación, un recuento de los principales artículos:
Capítulo 1: Definiciones y reglas generales.
Define a los Grupos Armados Organizados (GAO) como “la asociación de un número plural de personas con capacidad armada que cuentan con una estructura definida y unidad de mando, cuyo propósito es la consecución del lucro mediante la realización permanente de conductas punibles y que detentan el control de las rentas ilícitas dentro de un territorio determinado (...)”.
Según el documento, al Fiscal General y a sus delegados les corresponde adelantar la negociación con el GAO, aplicando principios del Código de Procedimiento Penal.
El procedimiento será en dos etapas: negociación colectiva y judicialización individual, y siempre garantizará los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
Capítulo 2: Acercamientos colectivos con los GAO.
Estos grupos deberán presentar una solicitud escrita de sometimiento colectivo, dirigida al Fiscal General, quien mediante una resolución designará a los fiscales negociadores.
Estos funcionarios quedan facultados para dialogar con los representantes de las bandas y suscribir acuerdos en el marco de la ley, y por esta labor “no incurrirán en responsabilidad penal”.
La negociación debe llegar, como mínimo, a los siguientes acuerdos: aceptar los delitos colectivamente; identificar la estructura de la organización, modus operandi y expansión territorial; individualizar a todos sus miembros; identificar a víctimas de sus delitos; definir las condiciones de una zona de concentración para los integrantes; presentar una relación detallada de los bienes, a los cuales se les podrá aplicar extinción de dominio; e información de las rentas ilícitas.
El proyecto aclara que estas personas solo podrán someterse a esta ley una vez y que perderá los beneficios quien falte a la verdad en sus declaraciones. Quienes no se presenten de forma colectiva, podrán hacerlo después de manera individual, demostrando que fueron del grupo.
Para las zonas de concentración se tendrán en cuenta las áreas de influencia del GAO y habrá corredores de movilidad para que sus integrantes lleguen al sitio de forma segura.
Capítulo 3: Judicialización individual de los miembros de los GAO.
La Fiscalía podrá realizar acercamientos individuales con los integrantes para determinar responsabilidades individuales y “resolver su situación judicial de la forma más completa posible, respecto de los delitos no comprendidos en la negociación colectiva”.
Capítulo 4: Sobre la participación de las víctimas y el incidente de reparación.
Para que las víctimas hagan valer sus derechos, se aplicará el incidente de reparación integral, según los postulados del Código de Procedimiento Penal, en lo referente a medidas cautelares.
El proyecto, además, incluye unas reglas especiales para la reparación, como que luego de dictar la sentencia, el juez no podrá tardar más de 20 días en dar inicio al “incidente para la identificación de los perjuicios ocasionados a la víctima”.
Capítulo 5: Del fondo para la reparación integral de las víctimas de los GAO.
Este fondo será controlado por una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda. Los recursos saldrán de los dineros y bienes entregados por el grupo ilegal, así como de los rendimientos financieros que genere la administración de los mismos, a cargo de una fiducia comercial contratada por el Gobierno.
Este fondo “responderá limitadamente hasta el monto recaudado y administrado en la cuenta especial (...). No obstante, cada una de las víctimas podrá perseguir el patrimonio personal del obligado, bien sea por el excedente o el total de la obligación, en caso que los recursos no sean suficientes”.
Capítulo 6: Reglas comunes a las disposiciones anteriores.
Una vez iniciado el proceso de sometimiento a la justicia, la Fiscalía podrá suspender, por el término que dure este, las órdenes de captura que se hayan dictado contra los representantes de los GAO, así como de aquellos miembros que hayan presentado el acta de sometimiento individual.
Las aceptaciones de responsabilidad contenidas en el acta de negociación colectiva y las de sometimiento individual, “serán utilizadas como elementos materiales probatorios suficientes” para acreditar responsabilidad penal, además de los elementos que aporte la Fiscalía en su investigación.
“El mismo valor probatorio tendrán los interrogatorios realizados a los miembros del GAO en el marco de las negociaciones individuales”.
Capítulo 7: Componente de resocialización de los miembros del GAO acogidos en el proceso de sometimiento.
Según el documento, la resocialización de estas personas es “un imperativo para efectos del éxito en la implementación del presente proyecto”.
La idea es mejorar las estrategias para el tratamiento de los internos de las cárceles, de la mano del Inpec. Estos programas tendrían un enfoque diferenciado, según el género, la etnia, discapacidad, etcétera.
El texto indica que “el proyecto de ley debe buscar un tratamiento penitenciario especial para quienes se acojan a la justicia en el marco de la presente ley, en lo relativo a la ubicación de los miembros de los GAO en instalaciones carcelarias de baja y mediana seguridad, la aplicación de programas intramurales de capacitación en habilidades ocupacionales, formación educativa y programas de pospenados para su correcta reinserción a la sociedad”.
La discusión del proyecto
Si bien la estructuración de este proyecto de ley comenzó en 2016, solo hasta ahora cobró sentido de urgencia por parte de las autoridades.
El pasado 5 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos hizo públicas las intenciones de sometimiento a la justicia de la organización “los Urabeños” o “Clan del Golfo”.
Ese mismo día, el comandante del grupo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, apareció en un video reiterando que, si se dan las condiciones, los hombres bajo su mando suspenderán las actividades ilegales.
En una entrevista con EL COLOMBIANO, publicada el pasado viernes, el vicepresidente Óscar Naranjo declaró que, en caso de haber un acuerdo exitoso, serían más de 3.000 los integrantes del “Clan del Golfo” que dejarían de delinquir.
El alto funcionario fue explícito en afirmar que estos acercamientos no le confieren un estatus político a ese grupo, que nació en 2007, reciclando antiguos cabecillas y combatientes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Aunque el Acuerdo de Paz con las Farc contempla en el punto 3.4.13 los términos “sometimiento” y “acogimiento” a la justicia, para lograr el desmonte de este tipo de estructuras, el boceto del proyecto de ley solo habla de sometimiento.
Asesores del “Clan del Golfo” narraron a este diario que ellos buscan un acogimiento, refiriéndose a una figura aceptada en el Derecho Internacional Humanitario, que permite a las partes acordar unas condiciones especiales para llegar al desarme.
Mientras esto se define, en las calles y montes del país sigue el combate entre la Fuerza Pública y el crimen organizado.
1.503
delincuentes capturados en la Operación Agamenón contra el “Clan del Golfo”.
235,7
toneladas de cocaína fueron incautadas a los GAO en el primer semestre del año.
1.820
miembros del crimen organizado capturados en primer semestre del año.
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