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El ultimátum de tres días de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a la Fiscalía para entregar un informe detallado de los bienes de Farc que no fueron inventariados y que se encuentran en extinción de dominio, para que sea la JEP la que defina si se decretan medidas cautelares sobre los mismos, desató un nuevo choque de trenes entre ambas instituciones por la competencia sobre el asunto y llevó a que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, enviara un documento al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, para que sea este alto tribunal el que decida cómo debe procederse.
“En mi calidad de fiscal general me dirijo a esa corporación (...) para que se dirima el conflicto de competencias surgido entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz, respecto a los bienes no inventariados por las Farc con ocasión del Proceso de Paz”, se lee en el documento de 20 páginas, conocido en primicia por EL COLOMBIANO, en el que además Martínez sustenta porqué estos activos no declarados por la extinta guerrilla deben ser parte de extinción de dominio y no recaer sobre ellos algún tipo de protección especial.
Uno de los argumentos expuestos por el director del ente investigador es que en el Acuerdo de paz, específicamente en el punto 5.1.3.7, se estableció que a más tardar dentro del proceso de dejación de armas que concluyó el 15 de agosto de 2017, las Farc deberían presentar al Gobierno el inventario de sus activos para reparar a las víctimas y que en relación con los que no fueron inventariados, estos “recibirían el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.
“Los bienes que no fueran inventariados libérrimamente a más tardar el 15 de agosto de 2017, es decir, individualizados y discriminados en forma determinada y especifica y, por supuesto, relacionados en un acta emanada de las Farc, quedan inobjetablemente afectos a los trámites que manda la legislación ordinaria (...), es decir, deben ser objeto de la acción de EXTINCIÓN DE DOMINIO (sic) que le ha sido confiada a la Fiscalía General de la Nación”, dice el texto enviado al magistrado.
Lo hallado por la Fiscalía
Para cumplir con el mandato constitucional de extinguir los bienes o activos obtenidos de manera ilícita, en este caso de los activos no relacionados por Farc, la Fiscalía dispuso de 400 investigadores que revisaron 13.268.205 archivos encontrados en los dispositivos de las Farc incautados durante el conflicto armado, así como 17.990 entrevistas a desmovilizados del entonces grupo guerrillero.
Con esta información, el ente investigador logró establecer que Farc no declararon 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos (cerca de 2.207.000 hectáreas), 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores “y varias evidencias de caletas en dinero en efectivo representado en moneda colombiana y dólares de EE. UU. que no fueron inventariados”, y pasarían a extinción de dominio.
Según el Fiscal, la petición de la JEP de entregar los listados a este tribunal partió de una solicitud realizada por Pastor Alape, “quien solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que se adoptaran medidas cautelares urgentes y de protección y aseguramiento de los bienes inventariados por las Farc”.
Acto seguido, Martínez precisó que con base en dicha petición, surgió el conflicto de competencias que calificó como usurpación, “ya que la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad decidió iniciar dicho trámite no solamente sobre los bienes inventariados por las Farc, sino también sobre los identificados por la Fiscalía General, que escapan a su competencia como quedo demostrado”, enfatizó el Fiscal.