La ofensiva militar contra el Eln, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos tras la suspensión de los diálogos con esta guerrilla, volvió a ejecutarse ayer mediante un bombardeo, una modalidad que no se adelantaba contra ese grupo ilegal desde noviembre de 2015 y que en aquella ocasión dejó seis subversivos muertos.
Esta nueva operación militar contra el frente de Guerra Occidental tenía como propósito neutralizar a alias “Estacio” y alias “Anderson Tierra”, cabecillas de comisión de este frente, pero la Defensoría del Pueblo precisó que se realizó en jurisdicción de un territorio indígena y afectó a una niña de 16 años a quien, según la entidad, causó lesiones en una de sus extremidades.
“Ya hay personal de nosotros en el lugar para verificar las afectaciones, podrían registrarse posibles heridos, además debemos tener en cuenta que estas acciones van a generar desplazamientos por parte de la comunidad que fue afectada”, expresó Luis Murillo, defensor regional Chocó.
Fuentes de Inteligencia Militar explicaron a EL COLOMBIANO que el operativo se desarrolló en la desembocadura del río Tordó, afluente del San Juan, en medio de dos comunidades: Santa María Pangala y Estrella Pangala. En las operaciones fueron capturados alias ‘Duver’ y alias ‘Natalia’, “quienes se encuentran heridos y reciben atención médica. Asimismo, la aprehensión de dos sujetos a quienes se les está verificando su identidad”, aseveró el Comando General de las Fuerzas Militares.
Podrían desplazarse
Los combates entre las fuerzas del Estado y otros grupos armados ilegales en este territorio desencadenaría un desplazamiento masivo que tendrían como municipio receptor al Litoral de San Juan.
Para confirmar las afectaciones a la población, la Defensoría del Pueblo desplazó hasta la zona una comisión para verificar si hay confinamiento y cuántas familias salieron del territorio.
“Estamos llevando equipos hasta el terreno para confirmar si hay personas heridas o muertas o si hay afectaciones a estas comunidades; esta misma comunidad salió el año pasado hasta Buenaventura acosados por la violencia”, dijo Murillo.
La alerta del ministerio público se basa en testimonios recogidos entre líderes comunales e indígenas que aseveran que tras el bombardeo hay más personas lesionadas.
Para contrarrestar la posible emergencia humanitaria, se realizó un consejo de seguridad en el municipio con la presencia de autoridades civiles y militares, y el alcalde Willinton Posso activó su plan de contingencia y de atención primaria para las víctimas que dejaron los enfrentamientos.
¿Infracción al DIH?
De confirmarse que el bombardeo se realizó en territorio indígena, al ser los comuneros una población protegida el acto se constituye en una infracción al Derecho Internacional Humanitario, DIH, como lo referenció la Defensoría del Pueblo.
Ante los señalamientos de un posible error en el operativo en el que al parecer la población civil quedó en medio del fuego, el comando de las Fuerzas Militares indicó: “La operación militar fue planeada y ejecutada conforme a los procesos establecidos para tal fin, fundamentada en las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el DIH”.
