Dentro de los organismos del Estado quedó rondando la pregunta de si la Fiscalía era la entidad competente a la hora de capturar a Santrich. Un cuestionamiento que se generó después de las declaraciones de Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
EL COLOMBIANO conoció que al interior de la JEP los magistrados no se logran poner de acuerdo si el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tenía la competencia para ejecutar esa circular roja de Interpol, que señalaba al excomandante guerrillero de traficar cocaína a los Estados Unidos meses después de la firma del Acuerdo, sin el previo conocimiento de la nueva jurisdicción.
Linares recordó que la Sala de Revisión de la JEP es la que debe definir si los delitos por los que se le señala a Hernández, en el Distrito Sur de Nueva York, fueron cometidos antes o después de la entrada en vigor el Acuerdo (el 1° de diciembre de 2016). Es decir, no es algo que pueda determinar la Fiscalía, ni la Corte Suprema, ni ningún otro organismo de la justicia ordinaria.
Magistrados de la JEP le dijeron a EL COLOMBIANO, de manera confidencial (ya que no están autorizados para pronunciarse sobre casos específicos), que las opiniones están divididas: algunos consideran que el órgano investigador era competente porque el caso llega por cooperación con la DEA, y otros consideran que el Acto Legislativo 01 de 2017 señala que será la JEP la encargada de conocer todas las solicitudes de extradición de quienes se sometieron a ella.
Varios constitucionalistas y penalistas consultados aseguraron que con la jurisprudencia actual es imposible definir quién era el competente para ejecutar la captura, ya que no existe el reglamento de la JEP y tampoco está en firme la ley estatutaria.
Por lo pronto, el caso pasará a la Sala de Revisión y, de acuerdo con Linares, “pueden tener plena garantía de respeto al debido proceso, seguridad jurídica, rigor y cumplimiento estricto de las normas que, desde el Acuerdo Final para la Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la jurisprudencia producida por nuestra Corte Constitucional, actuaremos de conformidad”.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo: “la decisión de la Sección de Revisión sobre la extradición de Santrich será la primera prueba de fuego de la JEP. Solo con una decisión rigurosa y transparente enviará el mensaje de que este tribunal tiene dientes y credibilidad. Si hay pruebas sólidas, Santrich puede ser extraditado”.
