La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este miércoles al Gobierno colombiano que tome medidas cautelares de protección para los líderes de la comunidad de Alta Mira y Frontera, en la zona de la frontera con Ecuador.
La institución reclamó a Colombia que implemente actuaciones para salvaguardar la vida y la integridad personal de los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (CCAMF), en Nariño, frontera con Ecuador, según un comunicado.
La decisión de la CIDH llega después de que en octubre el líder comunitario José Jair Cortés, uno de los miembros del Consejo, fuera asesinado en una zona rural de Tumaco, en donde días antes había habido una matanza de al menos siete campesinos cocaleros.
La entidad explicó que el colectivo se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” y citó el valor estratégico del enclave para supuestas actividades ilícitas, así como la actuación de grupos armados ilegales que presuntamente buscan hacerse con el control territorial.
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En este sentido, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) incidió en que estas medidas cautelares sean “culturalmente adecuadas” para que “puedan desarrollar sus labores, en el marco de las propias formas de autogobierno”, “sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos”.
La comisión sugirió que estas medidas podrían ir encaminadas a “posibilitar sus desplazamientos en condiciones de seguridad y fortalecer los medios de comunicación para atender emergencias”.
La CIDH argumentó su reclamo en que, a pesar de las medidas anunciadas por el Estado, continúa el riesgo.
También incidió en que esta medida cautelar y su aplicación no constituyen un “prejuzgamiento” ante una posible petición ante el sistema interamericano sobre el caso en la que se aleguen violaciones a los derechos de esta comunidad.
