Con las intenciones de conversar puestas sobre la mesa, el acercamiento de paz entre la organización “los Urabeños” o “Clan del Golfo” y el Gobierno Nacional gira en torno a la figura jurídica que se aplicará para desarmar de manera colectiva a ese grupo ilegal.
De un lado, los representantes del Palacio de Nariño se refieren a un “sometimiento” mientras los asesores de la estructura delictiva indican que se trata de un “acogimiento”.
Para las partes está claro que no se trata de una negociación que le reconozca estatus político a la facción, como ha ocurrido con las Farc y el Eln, pero lo cierto es que habrá que diseñar una ley que permita concretar el desmonte de una agrupación que hoy ejerce influencia en 22 departamentos del país y tiene células activas en España y Venezuela.
EL COLOMBIANO dialogó con un miembro del equipo asesor del “Clan del Golfo”, quien de momento solicitó la reserva de su identidad, argumentando que no busca protagonismos individuales y que “apenas estamos hasta ahora consolidando el tema de voluntades”.
Señaló que los acercamientos tomaron fuerza hace 16 meses y que el estado mayor de la organización nombró tres voceros, al igual que lo hizo el Gobierno.
“Primero que todo hay que cambiar el término, no es sometimiento, es acogimiento, la semántica no es un inconveniente pero sí se presta a malas interpretaciones. Con el sometimiento te dicen ‘ahí está el Código Penal, mire a ver si se entrega o no’”, señala la fuente, y agrega: “acogimiento es una figura que reconoce el Derecho Internacional Humanitario, en la que las partes pactan condiciones especiales sobre las cuales se van a presentar ante la justicia”.
La delegada aclara que “no es una negociación política, pero le permite a las partes tener cierto tipo de maniobrabilidad”.
Los términos “sometimiento” y “acogimiento” aparecieron por primera vez diferenciados en el Acuerdo de Paz con las Farc.
Tras la victoria del “No” en el plebiscito (octubre de 2016), que obligó a revisar el texto pactado, la nueva versión incluyó, en el capítulo sobre “Fin del Conflicto”, el punto 3.4.13, titulado “Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”.
Dicho párrafo reza que “en el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales de que trata este punto, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz, el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”.
El proyecto de ley no ha sido presentado al Congreso para su discusión. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación tienen la tarea de estudiar la propuesta del “Clan del Golfo”, definir qué figuras jurídicas se usarán y consolidar un único texto.
Será este documento el que defina el alcance de los términos “sometimiento” y “acogimiento”.
El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, en cuyo despacho se han llevado a cabo reuniones entre los voceros de ambas partes, conversó con este diario sobre el marco general en el que se llevaría a cabo un acuerdo con la banda.
Indicó además que, si se logra el desarme, serían más de 3.000 los integrantes que se presentarían ante la justicia. La cifra es distinta a la que había dicho el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien el pasado mayo declaró que la banda estaba reducida a la mitad, al pasar de 4.000 miembros en 2010 a 1.800 en la actualidad.
Esto manifestó ayer el vicepresidente Naranjo, quien también fue negociador del Gobierno en La Habana:
El “Clan del Golfo” se considera a sí mismo como el tercer actor del conflicto armado, ¿el Gobierno les va a reconocer eso?
“Es muy importante que los colombianos tengan estas certezas: primero, en ningún caso estamos abriendo una negociación política con una estructura criminal; segundo, desde mayo yo recibí esa responsabilidad, hoy hemos sido claros de que el Gobierno para nada reconoce la condición seudo política que han pretendido darse cuando se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia; en tercer lugar, para nada esa solicitud será evaluada para abrir espacios a una negociación judicial que signifique justicia especial o medidas alternativas; en todo caso, lo que hemos dicho es que tiene que ser un proceso dentro de la justicia ordinaria vía Fiscalía”.
Ellos dicen que no están buscando un sometimiento, sino un acogimiento, que permita entablar una negociación en el marco del DIH. ¿El Gobierno ve diferencia en esos dos términos?
“Sí, hay diferencia, hay que precisarlos, pero como he dicho, para nada hemos considerado que esa solicitud deba responderse desde otra instancia distinta. El camino es el de la justicia ordinaria, a partir de los postulados del Código de Procedimiento Penal, de las normas que lo complementen, y a través de la Fiscalía. Para nada se les ha reconocido ni se les reconocerá su pretensión de ser calificados como actores del conflicto”.
¿Por qué cree que justo ahora ellos lanzan esa propuesta?
“Hay que ser objetivos, estos esfuerzos de ellos por elevar una solicitud al Gobierno vienen desde el año pasado. A partir de mayo ha habido sucesivas reuniones con su abogada en la Vicepresidencia de la República y ha habido esas precisiones que estaba mencionando, que no se trata de una negociación política, que no se reconoce el estatus de Autodefensas Gaitanistas. Yo lo que estimo es que el país empieza a vivir un clima que está demostrado que por poderosa que sea una organización, estar empuñando armas y desafiando a la institucionalidad ya no es una opción. Hoy, cuando tenemos unas Farc que han hecho tránsito a la legalidad y dejación de armas y se han convertido en partido político; hoy cuando tenemos un Eln haciendo un cese al fuego bilateral, lo que nos parece es que esa solicitud se enmarca en una nueva lógica de un país que quiere que se abandone la violencia y que el único que administre las armas sea el Estado”.
¿Qué ha pedido el “Clan del Golfo” a cambio de entregar las armas?
“Que haya un tratamiento que cobije a la totalidad de los integrantes de la organización, y por eso el Presidente ha dado esa instrucción a su Ministro de Justicia, para que en coordinación con el fiscal revisen cuáles son los caminos jurídicos, penales, procedimentales, para que haya una capacidad del Estado de procesar a más de 3.000 integrantes de esa organización y saber cuáles son las normas aplicables”.
El punto 3.4.13 del Acuerdo de Paz con las Farc insta al Gobierno a construir un proyecto de ley para facilitar sometimientos de bandas a la justicia. ¿Para cuándo estará listo ese proyecto?
“Desde que estábamos en La Habana, yo soy responsable de haber participado en esa discusión, éramos conscientes de que una paz completa pasa por someter a la ley al crimen organizado y a esas estructuras, por eso el acuerdo considera que debe expedirse una norma que garantice el sometimiento a la justicia de esas organizaciones. Esperaremos la recomendación final del ministro de Justicia y del fiscal General”.
En el caso de que se concreten esos acercamientos, ¿se suspenderán las órdenes de captura y extradición contra los miembros de la banda?
“De ninguna manera, es muy importante decirles a los colombianos lo siguiente: estudiar esta solicitud que hace el ‘Clan del Golfo’, para nada interrumpe, disminuye o afecta las operaciones militares, policiales y acciones judiciales contra esa organización. Segundo, para nada se ha considerado que cualquier decisión que se tome para dar ese ‘sometimiento’ según el Gobierno, para ellos ‘acogimiento’, signifique una revisión de lo que ha sucedido con personas que ya se encuentran procesadas y han recibido a través de providencias judiciales medidas de privación de libertad, imputación de cargos o condenas. Y por otro lado, en el tema de la extradición es un asunto en el que, el Gobierno lo quiere dejar claro, recibir esta solicitud para nada afecta los procesos de extradición ni interrumpe las operaciones de búsqueda, localización y captura de quienes están solicitados para ser extraditados”.
Esa organización hizo lobby en La Habana para impulsar estos acercamientos, ¿podría contarnos cómo fue ese proceso?
“En el caso de los negociadores plenipotenciarios del Gobierno no recibimos ningún tipo de lobby ni de sugerencias ni tuvimos contactos ni recibimos presiones para esos efectos. Desconozco que ellos o los negociadores de las Farc o con otras personas vinculadas a la negociación hayan tenido algún contacto. De nuestra parte, ninguno”.
Alias “Otoniel”, el jefe de ese grupo, ha participado en dos desmovilizaciones, como miembro del Epl y las Auc. Ahora que busca otro acuerdo, ¿el Gobierno le cree?
“Lo que al Gobierno le parece responsable es que si una organización al margen de la ley hace una solicitud para acogerse a la justicia, esa solicitud debe ser respondida integralmente, en el marco de lo que significa asegurar a los colombianos, para que esas amenazas sean sometidas a la ley. Este primer paso que ellos han dado, de hacer esa solicitud al Gobierno, deberá tener de nuestra parte una respuesta clara, oportuna y eficaz, para que sigamos avanzando hacia un país en el que la violencia tiene que ser derrotada”.
En Medellín, la organización “la Oficina” también buscó acercamientos con las autoridades locales y nacionales. ¿Con ese grupo ilegal también habrá conversaciones?
“No, el Gobierno por ahora no ha recibido ninguna solicitud de ninguna otra organización criminal, estamos centrados en esta estructura en particular (’Clan del Golfo’), sobre la cual hay acreditaciones de esas vocerías, perfectamente legalizadas, y el Gobierno a su vez ha elegido interlocutores y autoriza a través de una resolución a adelantar esos contactos. No hay contactos con la llamada ‘Oficina’ y lo que esperamos es seguir arreciando las operaciones contra esa estructura en particular”.
