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Clan del Golfo se fragmentaría por la debilidad de su mando

Golpes a su cúpula acelerarían la pérdida del control de sus filas, como ocurre en Bajo Cauca.

  • Alias Otoniel pidió al Gobierno una estrategia para el sometimiento del Clan del Golfo a la justicia, pese a eso la Fuerza Pública arreció su ofensiva. FOTO: Colprensa
    Alias Otoniel pidió al Gobierno una estrategia para el sometimiento del Clan del Golfo a la justicia, pese a eso la Fuerza Pública arreció su ofensiva. FOTO: Colprensa
Clan del Golfo se fragmentaría por la debilidad de su mando

Más de 1.450 miembros del Clan del Golfo o “los Urabeños” han sido capturados desde 2015, y cuatro de sus máximos cabecillas murieron en asaltos de la Fuerza Pública (“Guagua”, “Gavilán”, “Inglaterra” y “el Indio”), por lo que solo sobreviven dos de sus más importantes jefes: “Otoniel” y “Nicolás”.

Estos datos mostrarían cómo esta organización, nacida después de la desmovilización de las Auc y cuyos líderes principales son exmiembros del Epl, se va desmantelando, pero no está muerta.

En septiembre del año pasado el vicepresidente Óscar Naranjo informó a EL COLOMBIANO que el Clan del Golfo contaba con 3.000 integrantes. Según el más reciente conteo de la Dijín (marzo), la estructura cuenta con 1.670 miembros “purasangre”, a los que se suman 900 de las redes de apoyo y bandas que trabajan como outsourcing, para un total de 2.570.

Sus economías ilegales siguen floreciendo, a pesar de las altas incautaciones de cocaína en Urabá, Barranquilla y Cartagena. Los cultivos de uso ilícito en sus zonas de influencia aumentan, igual que el tráfico de narcóticos hacia América y Europa.

El general Carlos Rodríguez comanda la Región N°6 de Policía, cuya jurisdicción es Antioquia, Córdoba y Chocó, zonas donde se concentra la influencia de la facción, y a su juicio, “el Clan sí está debilitado, por la pérdida de cabecillas de primer nivel, quienes ejercían un afianzado liderazgo en la organización”.

El oficial señala que esa debilidad se observa en tres fenómenos: 1). disminuyó su respaldo en la región, por pérdida de control territorial ante la Fuerza Pública; 2). Agamenón II obligó a la dispersión del Clan a otros territorios, en búsqueda de nuevas rutas del narcotráfico y rentas criminales; 3). se evidencia la fractura de mando sobre una subestructura del Clan con incidencia en Bajo Cauca (“los Caparrapos”), que se independizó.

Por su parte, Insight Crime, centro de estudios del crimen organizado, asegura que Dairo Úsuga David (“Otoniel”) “ejerce control directo sobre apenas un tercio de quienes utilizan el nombre de la franquicia Autodefensas Gaitanistas de Colombia (como se autodenomina este cartel), y está bajo presión de la fuerza de seguridad, por lo que no puede dirigir las operaciones diarias de su fragmentada red”. Esto demostraría que más que un desmantelamiento, lo que ocurre es un debilitamiento del mando central.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que los golpes se deben más a vendettas dentro de la estructura (que está dividida entre quienes quieren someterse a la justicia y los que no) que a inteligencia de la Fuerza Pública. Los hechos coinciden, ya que para los asaltos a “Gavilán”, “Inglaterra” y “el Indio” hubo delación de miembros del Clan.

Aún así, la mayoría del grupo seguiría a “Otoniel”, quien ordenó el fin del plan pistola contra la Policía y, pese a las muertes de sus compañeros, no ha sido desobedecido.

Para Insight Crime es posible que el hostigamiento de la Fuerza Pública derive en la muerte de “Otoniel” durante el 2018.

Si esto sucede, podría esperarse la atomización de la facción, cada franquicia podría coger para su propio lado y sería el fin del Grupo Armado Organizado más grande del país, aunque se mantendrían los herederos de las economías ilegales. Si no se cumple ese presagio y “Otoniel” no es dado de baja, la tarea seguirá siendo difícil.

Max Yuri Gil, investigador de la Corporación Región, afirma que para ganar esa guerra es necesario que la institucionalidad se ponga de acuerdo en atacarlos de forma integral, lo que implicaría acabar con la corrupción en el poder estatal.

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