El desplazamiento forzado al que se vieron sometidas 400 personas de las comunidades Cocalito, Apartadó, Puerto Córdoba y Peña Azul del Alto Baudó, luego de combates entre guerrilleros del Eln y bandas criminales, que se presentaron en el caserío de esta comunidad el pasado sábado 4 de marzo, no es el primer hecho victimizante que obliga a comunidades negras e indígenas a buscar refugio y dejar sus pertenencias.
Antes de este desplazamiento, la expulsión más grande de los territorios la vivieron el 23 de junio de 2104, cuando las etnias soportaron en el resguardo Tassi una embestida de presuntos paramilitares, que desencadenó el abandono del lugar de 24 familias. El hecho volvió a repetirse un año después en un territorio ancestral, lo que generó salidas individuales de las comunidades indígenas.
En febrero de 2016, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia volvieron a “darse bala” con el Eln, lo que generó el confinamiento y la imposibilidad de salir a cazar o a pescar, causando una emergencia alimentaria de la cual hoy aún sienten los rezagos; y las víctimas dicen que no han recibido ni siquiera la inclusión en el registro que las reconoce como tal.
José Iber Orejuela, líder de Puerto Córdoba, es uno de los habitantes que se ha desplazado en dos ocasiones y lleva más de 10 años esperando por una reparación. “Yo he ido a Quibdó, he llenado el formulario muchas veces para que me inscriban y no me dan la ayuda. Todas las veces que me he desplazado tengo que empezar de cero porque cuando uno sale y deja todo, los animalitos y los cultivos, al volver ya no los encuentra. Toca endeudarse para comenzar y el Gobierno no ayuda”.
