El Aro, la masacre de los “paras” que no precluirá

  • En El Aro (foto) se erigió una cruz en honor a las 17 víctimas de los paramilitares el 9 de abril de 2015. A este corregimiento de Ituango han retornado pocos campesinos FOTO donaldo zuluaga
    En El Aro (foto) se erigió una cruz en honor a las 17 víctimas de los paramilitares el 9 de abril de 2015. A este corregimiento de Ituango han retornado pocos campesinos FOTO donaldo zuluaga
Publicado el 01 de junio de 2018
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personas fueron desplazadas luego de la masacre de La Granja en 1996.

La decisión de declarar crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y la Granja en Ituango; la de San Roque, y el homicidio del abogado Jesús María Valle, les da una condición a estos delitos para que sean investigados en el tiempo y no morir en el intento de hallar a los responsables.

La determinación la tomó la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia a partir de las indagaciones preliminares al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como gobernador de Antioquia, razón por la que se le vincula a las pesquisas.

“En el curso de la indagación previa 45110 contra el senador Álvaro Uribe, Sala Penal declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de DDHH Jesús María Valle”, comentó el alto tribunal a través de Twitter.

Importante para las víctimas

La decisión de hacer esta declaratoria abre para las víctimas la puerta de la esperanza a encontrar justicia y que, esos delitos, no quedarán en la impunidad como muchos otros ocurridos.

Así lo aclara la abogada Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad. “Ese es el reclamo que las víctimas suelen hacer sobre este tipo de crímenes, que las investigaciones no avanzan y establecer los responsables. Estos les permite acceder al derecho a la justicia”.

Arboleda comenta que la decisión es muy importante porque ha habido señalamientos muy serios contra Álvaro Uribe, y de no hacerlo, se diluirían en el tiempo.

En esa vía, el constitucionalista Juan Manuel Charry, explica que la declaratoria de lesa humanidad permite el no vencimiento de términos, “y el efecto, a mi juicio, está impidiendo que la justicia internacional juzgue ese asunto. Eso es por tratado internacional que reza que si la justicia del Estado no funciona, la Corte Penal Internacional debe atenderlos”.

Los hechos delictivos

La masacre de El Aro es uno de los múltiples asesinatos que cometieron los paramilitares en el departamento de Antioquia. Ocurrió entre el 15 y el 22 de octubre de 1997, cuando combatientes del Bloque Mineros ingresaron a este caserío, asesinaron a 17 campesinos, robaron sus bienes y quemaron el pueblo. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín condenó a seis cabecillas por su participación.

La Fiscalía ha expuesto en varios escenarios que esta masacre, y las otras de la sentencia, fueron ordenadas por los máximos exjefes paramilitares, entre ellos los hermanos Castaño, para la expansión del grupo ilegal en esa zona. La masacre del corregimiento de San Roque, Antioquia, ocurrió el 13 de junio de 1996. Fueron asesinadas cuatro personas.

Los delitos cometidos en La Granja ocurrieron el 11 de octubre de 1996, cuando hombres armados incursionaron en el casco urbano, cerraron los establecimientos públicos y asesinaron a cinco personas, señalándolas de ser auxiliadoras de la guerrilla.

La masacre de San Roque, Antioquia, ocurrió el 13 de junio de 1996, cuando fueron asesinadas cuatro personas.

El último hecho declarado de lesa humanidad fue el asesinato del abogado Jesús María Valle ocurrida en febrero de 1998. El defensor de derechos humanos denunció las masacres mencionadas.

Contexto de la Noticia

INFORME orden de investigación e indemnización

· En diciembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Colombia investigar el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.

· En la misma decisión, la Corte tasó en 145 mil dólares las indemnizaciones que el Gobierno debía pagar por daño material e inmaterial, y costos del proceso a familiares de la víctima.

· La CIDH también señaló que “el Estado debe remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar los medios para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos.

Javier Alexánder Macías

Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.

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