En el Gobierno ya nadie habla de posconflicto, todos los programas que se heredaron de la administración de Juan Manuel Santos o con ocasión del Acuerdo con las Farc tienen nuevos rótulos: estabilización, consolidación y legalidad.
Ayer el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, cuyo cargo está pendiente de cambio de nombre por el de alto consejero para la estabilización, lanzó la nueva política: “Paz con legalidad”.
Se trata de un documento de 32 páginas en el que se explica cómo se implementarán los principales puntos del Acuerdo, manteniendo como base los 170 municipios priorizados para la ejecución de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Por lo que se puede entrever en ese documento, este es un asunto de seguridad nacional más que de desarrollo rural, entendiendo que el progreso se dará en la medida en que se combata la ilegalidad y no al contrario, como lo proponía el Gobierno anterior, en el que, argumentaban, se buscaba el avance de las regiones para evitar las causas del conflicto.
“El firme propósito del Gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas. Es un fenómeno que ha repercutido en todo el país, que ha trastornado la sociedad y se ha evidenciado en violación de los derechos humanos, asesinatos, narcotráfico y pobreza. Es un tema de justicia y de seguridad nacional”, dijo Archila.
Planes similares existen desde la época de Virgilio Barco, y el más reciente fue el del gobierno de Álvaro Uribe que en 2009 echó a andar un programa de consolidación de la acción del Estado.
Articulación
De acuerdo con el consejero, “el presidente Iván Duque protegerá que se suplan las necesidades de las víctimas. Él sabe sobre la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de sustitución, que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad, y liderará que en esos territorios se inicie el camino a la estabilización definitiva”.
Para ello se articularán todos los programas que están diseminados en varias entidades, con gestión a nivel técnico de recursos y con visión a largo plazo, para lograr un balance entre la seguridad física y las intervenciones multidimensionales para asegurar la presencia del Estado.
Al respecto, Alejo Vargas, docente de la U. Nacional, señaló que “había mucha dispersión en toda la implementación y todas esta política deja claro el compromiso del actual gobierno en implementar aspectos del Acuerdo”.
Celebró por ejemplo el compromiso de presentar en el primer semestre de 2019 el proyecto de ley de catastro multipropósito y, en el segundo, el de ampliación de la justicia agraria.
Sin embargo, Archila reconoció que esta política no quiere decir que “el presidente desista de hacer los cambios propuestos como reforma constitucional hacia el futuro: que ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al político, que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad. Igualmente creemos que sería ético que los condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas”.
