Ante un juez de control de garantías de Bogotá, Adalia Azucena Figueredo Cagueño aceptó su responsabilidad en cuanto a ser parte del grupo de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en 1997.
Figueredo Cagueño aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por fraude procesal, estafa agravada y enriquecimiento ilícito a favor de terceros. En los próximos días se conocerá la condena que deberá enfrentar la acusada.
Según la investigación la mujer, en representación de sus hijos, presentó una reclamación ante el Tribunal Administrativo del Meta, por la supuesta desaparición de Wilson Molina (esposo y padre de sus hijos).
Sin embargo, tras varias labores de verificación realizadas por el CTI de la Fiscalía, se estableció que Wilson Molina no murió en la incursión paramilitar, y por el contrario en la actualidad reside en Villavicencio.
Por lo que se creía la muerte de esta persona, el Estado fue obligado a pagar la suma aproximada de 1150 millones de pesos a favor de la víctima.
Por hacerse pasar como víctimas de la masacre, este año fueron sentenciadas siete personas. El pasado 3 abril el Juzgado 29 de Conocimiento condenó a 5 años y 5 meses de prisión domiciliaria a Mariela Contreras Cruz, su hija Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero.
Y el pasado 12 mayo, el Juez 27 de Conocimiento de Bogotá condenó a ocho años de prisión a las hermanas María Teresa, Esther, Sara Paula y Luz Mary Pinzón López, quienes aceptaron los delitos de fraude procesal, falso testimonio, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares.
En estos procesos ha sido acreditado como víctima el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 37 años de prisión por omisiones de la fuerza pública en la masacre de Mapiripán.
